Una agenda política

Si la política debe ocuparse del bien común -y no es fácil determinar qué sea eso del bien común en una sociedad pluralista-, para conseguir una aproximación sería necesario al menos priorizar entre los bienes posibles, atenerse a la máxima de que "lo primero es lo primero".

Lo primero para un partido político es ganar las elecciones, según se echa de ver, pero no debería serlo a cualquier coste. Comprar el voto con dinero contante y sonante no es de recibo, ni tampoco prometer lo que no se piensa cumplir. Más vale atender a las necesidades prioritarias, que consisten -a mi juicio- en satisfacer las exigencias del Estado social de Derecho que, según la Constitución, somos: en proteger los derechos de primera y segunda generación.

Educación, empleo estable y seguridad social, prioridades de la España actual

Para defender los civiles y políticos basta con poner en vigor los instrumentos del Estado de derecho, en casos como el del terrorismo o la seguridad de la vida personal. Es la forma en que las gentes pueden disfrutar de vida y libertad. Pero igualmente importa proteger los derechos económicos, sociales y culturales, como es propio de un Estado social, cosa que de algún modo consiguió el Estado del Bienestar.

Impedir que los bienes básicos queden al solo juego del mercado es una cuestión de justicia y también una medida de prudencia, porque la solidaridad institucionalizada genera la cohesión social sin la que una sociedad no prospera. No por casualidad las sociedades más prósperas, como es el caso de los países del Norte de Europa, son aquellas en que los derechos sociales se encuentran más protegidos.

La economía de alto riesgo necesita la paz social para funcionar. Justicia y prudencia van aquí de la mano.

Sin embargo, el advenimiento de la sociedad postindustrial y más tarde el proceso de globalización han producido cambios tan sustanciales que es necesario renovar el utillaje del que se sirvió el Estado providencia. La pregunta no es entonces "Estado social, ¿sí o no?", sino "Estado social, sí, pero ¿cómo?". Aplicar los instrumentos hoy apropiados es tarea prioritaria de una agenda política.

Articular tres factores resulta, a mi modo de ver, indispensable: la flexibilidad que necesitan las empresas para adaptarse a los cambios; la economía del conocimiento y la innovación, y la seguridad social, sin la que caemos bajo mínimos de justicia y perdemos cohesión social. Al parecer, son estas claves las que tienen en cuenta los países nórdicos, especialmente, la propuesta de Flexiseguridad. Y, a mi juicio, son éstas las que deberíamos tener en cuenta en España, articulándolas desde nuestra realidad social, y atendiendo a tres cuestiones prioritarias: educación, empleo y seguridad.

En cuanto a la educación, urge invertir en la educación universal, pero no distribuyendo libros, inundando de ordenadores las escuelas, mucho menos pagando a los muchachos para que vayan a clase. Más vale apoyar a los profesores en la tarea de promover la responsabilidad, el esfuerzo bien orientado y la curiosidad por saber. Dar poder a las personas siempre es mejor que atiborrarlas de objetos, con los que no sabrán qué hacer si no los valoran. En cuanto a las universidades, es necesario invertir en innovación, sabiendo que procede tanto de las tecnologías como de las ciencias y las humanidades.

Por lo que se refiere al empleo, la creación de empleo estable es una prioridad, tanto desde el Estado mismo como mediante ayudas a las empresas que creen puestos de trabajo, potenciando la Responsabilidad Social Empresarial. Pero también urge diversificar el empleo estable, que puede ser a tiempo completo o parcial, siempre que genere derechos sociales proporcionales; ligar los trabajos temporales a la posibilidad de capacitación y cambio de empleo, porque "flexibilidad" no puede identificarse con disponibilidad del trabajador, despido libre y trabajo precario; incentivar el autoempleo; retrasar el plazo de jubilación obligatoria, para reducir la ratio de trabajadores-jubilados; incentivar el empleo juvenil; ajustar un ingreso básico de ciudadanía, siempre que no sustituya las prestaciones sociales.

Por último, pero en modo alguno en último lugar, el cuidado de quienes no pueden valerse por sí mismos exige garantizar una atención sanitaria universal y eficiente; crear empleos en áreas imprescindibles para el bienestar, como residencias de ancianos, centros de día, empresas de atención domiciliaria, guarderías; asegurar permisos por maternidad y paternidad, pero también para quienes se comprometen a cuidar de sus mayores, reconociendo como un derecho social el cuidado de niños y ancianos, amparado por el sistema público, e integrar a los inmigrantes desde la asistencia sanitaria, la escuela y la vida cotidiana.

Todo ello resulta difícil si no existe también el empeño explícito y militante de potenciar desde estas propuestas una Europa social, que parece en precario.

Lo primero es lo primero. Y hay muchas cosas de las que hablan hasta la saciedad los medios de comunicación y los partidos políticos y por eso parecen nucleares. Pero si se hablara de ellas un poco menos y bastante más de estas otras, tal vez estaríamos más cerca de dar a cada uno lo que en justicia le corresponde.

Adela Cortina es catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia y directora de la Fundación ÉTNOR.