La fibra hasta el hogar, el reto del presente

Desde que nació como experimento militar hasta hoy, nadie se ha planteado la justificación o no de las inversiones que han convertido a Internet en lo que es. Sin embargo, en esta Europa de nuestros desvelos, y principalmente desde que se abrió el debate sobre la regulación de las llamadas Redes de Acceso de Nueva Generación (tecnicismo tras el que se esconde el despliegue de fibra óptica hasta el hogar), vienen saliendo multitud de estudios sobre la aparición de estas nuevas redes. Dichos estudios analizan la viabilidad de una o varias redes teniendo en cuenta diversos escenarios regulatorios, tecnológicos, macro y microeconómicos. Las conclusiones, dirigidas en general a políticos y reguladores, se concentran en los riesgos que la intensidad inversora tiene sobre la competencia y el peligro de involución del proceso de liberalización, dejando en un segundo plano los aspectos positivos de todo proceso innovador.

"Los reguladores debemos encontrar un punto medio donde posicionarnos de acuerdo con las características de nuestros mercados"

"Aunque es importante la actitud con la que los poderes públicos en general abordemos el futuro, el momento es el de las empresas"

Es la primera vez que un proceso de innovación tecnológica es recibido con tantos recelos, cautelas y salvaguardias. Pocos destacan, sin embargo, el enorme impacto que las Redes de Acceso de Nueva Generación tienen sobre la mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones, ya que si los pares de cobre fueran carreteras, la fibra equivale a la construcción de autopistas de 100 carriles.

Para el usuario, el tendido de fibra hasta los hogares significa un cambio definitivo que resolverá las limitaciones actuales del acceso a Internet, hasta ahora determinadas por la distancia a la central o la calidad del tendido de cobre. Para los operadores, las redes de fibra suponen un despliegue más fácil, lo que posibilita que haya menos centrales, que éstas sean más pequeñas y que puedan cubrir zonas más amplias.

La existencia de infraestructuras civiles enterradas o sobre postes que soportan la actual red de telecomunicaciones de cobre, junto con las características de la fibra óptica (diámetro muy reducido, mayor flexibilidad y compatibilidad con los tendidos eléctricos), permite un despliegue mucho más rápido y barato que el que supuso desplegar la red de cobre. Asimismo, hay una demanda creciente de más y mejores servicios de acceso a Internet y un mercado de más de ocho millones de usuarios que creció a un ritmo del 20% en 2007.

El hecho de que hoy las telecomunicaciones estén liberalizadas y que se desenvuelvan en un entorno más competitivo que antaño, debería contribuir a la simplificación de la toma de decisiones de los agentes económicos. Sin embargo, la intensidad del debate y las dispares conclusiones del mismo llevan a pensar todo lo contrario. El factor determinante del proceso inversor debería ser la competitividad propia, la elección de la tecnología adecuada o el diseño de un modelo de negocio razonable. ¡Pues no! Resulta que el factor que lo condiciona es la regulación. Regulación para unos "asesina de la innovación" y para otros "diosa abducida" que presencia impasible la destrucción de la competencia.

Tras años en los que los economistas teóricos anunciaron sin descanso la desaparición de la regulación y de los reguladores y el traspaso del testigo a las autoridades de competencia, parece que en el sector de las telecomunicaciones se exige con insistencia la presencia y permanencia del primo de Zumosol, y no sólo en el ámbito nacional sino ahora también en el europeo.

El futuro de las telecomunicaciones pasa por la innovación tecnológica y la renovación de las infraestructuras, y ello con independencia de que en estos momentos existan o no servicios que requieran de las capacidades de las nuevas redes de fibra. La historia de las telecomunicaciones y sus mercados no ha estado nunca dirigida desde la demanda sino desde la oferta. Ha habido fracasos de ofertas tecnológicas no correspondidas y los seguirá habiendo, pero si hay algo que los que pertenecemos a este sector tenemos claro es que no es necesario vislumbrar servicios que justifiquen el despliegue de las redes de alta capacidad (sobre fibra), la Ley de Gordon Moore (cada 18 meses, se duplica la densidad de los circuitos y la velocidad del acceso a Internet) lleva cumpliéndose desde 1965 en microinformática y desde 1993 en telecomunicaciones. En ese sentido, las incógnitas que plantean las redes de nueva generación son de dos tipos: el primero es cuándo se harán y si nos podemos permitir retrasos al respecto, el segundo es cuántos las harán y si nos podemos permitir un retorno a la situación de monopolio.

Las predicciones en telecomunicaciones más allá de un horizonte de tres a cinco años suelen ser ciencia-ficción. Sin embargo, aunque es importante la actitud con la que los poderes públicos en general (y los reguladores en particular) abordemos el futuro, el momento es el de las empresas. La supervivencia futura no descansa sobre las decisiones regulatorias sino sobre la eficacia, la innovación y la inversión. Nuestro mundo es global e Internet la más global de todas las redes, ninguna regulación nacional o continental puede romper con esta dinámica, y lo mejor es que los agentes lo asuman cuanto antes, porque nuestra sociedad necesita de las nuevas infraestructuras y de las economías y eficiencias que se desarrollen sobre ellas.

En este momento, y con un retraso de dos años respecto a países más dinámicos como EE UU, Japón o Corea, Europa debate cómo abordar el salto tecnológico en las redes fijas, y en ese debate las posiciones oscilan entre dos extremos. Por un lado, los que priman la intervención regulatoria sobre el impulso a la innovación, cuyo énfasis se dirige a garantizar el nivel de competencia actual, principalmente apoyado en la regulación asimétrica y la competencia en servicios. Y en otro, los que proponen el desarrollo de la innovación con el impulso a la competencia en redes, con un mayor énfasis en disminuir el nivel de regulación.

En este debate no han ayudado demasiado las instituciones europeas, más preocupadas por centralizar la regulación que en reorientar los objetivos y aplicarlos a la realidad presente. Aparentemente, para el legislador europeo el marco actual no plantea problemas a los procesos de innovación tecnológica. Es significativo que la gran novedad del nuevo marco sea la inclusión de la separación funcional como arma regulatoria de último recurso, que aunque sirve para garantizar la competencia, lo hace a costa de la innovación y de la inversión.

Volviendo a la regulación, entre el intervencionismo extremo de la separación funcional o estructural y la permisividad de las vacaciones regulatorias (eufemismo para la desregulación absoluta de las nuevas redes), los reguladores debemos encontrar un punto medio donde posicionarnos de acuerdo con las características de nuestros mercados, de nuestros países y de nuestros usuarios. Como muy bien dice el Grupo de Reguladores Europeos en su posición común sobre Redes de Nueva Generación, "un traje no sirve para todos", a lo que se podría añadir que en materia de regulación proinversora el traje debe ser a medida y preferiblemente de hechura nacional, dadas las importantes diferencias existentes entre los Estados europeos.

Ha de tenerse en cuenta que el objetivo de la regulación, de acuerdo con el mandato recibido por el legislador español, es el promover la competencia y la innovación, y eso requiere sobre todo el generar confianza y credibilidad. Confianza en los operadores alternativos pero también en el incumbente, ya que el momento va a requerir en mayor o menor medida la asunción del riesgo inversor asociado a toda innovación. En ese entorno promotor de la inversión, las medidas extremas de difícil retorno no son precisamente las más tranquilizadoras, y ni las vacaciones regulatorias ni la separación funcional son medidas que contribuyan a aumentar la confianza. Tampoco una regulación laxa supone un factor que genere confianza y credibilidad. Se pretende que todos participen en la medida de sus capacidades e intereses en el proceso inversor, no que éste sea abordado por uno solo. Obviamente, cuanto más débil es la posición relativa en el mercado, más importancia tiene la credibilidad del sistema regulatorio como factor generador de inversiones.

Por otra parte, todos debemos ser conscientes que para que se desarrolle un futuro tecnológicamente satisfactorio, y competitivamente sostenible, es el propio mercado el que definirá la estructura más eficiente. En ese sentido, no parece razonable esperar que se pueda constituir una competencia estable en infraestructuras con una presencia muy numerosa de agentes. Pero también es cierto que con un grado suficiente de competencia en infraestructuras la competencia en servicios puede ser sostenible, tal y como se empieza a vislumbrar en el sector de comunicaciones móviles.

El Consejo de la CMT aprobó recientemente un documento sobre los Principios y líneas maestras de la futura regulación de las redes de acceso de nueva generación, en el que se posiciona a favor de una regulación proactiva respecto de la innovación y de la competencia en infraestructuras, si bien reconoce que ese objetivo ni es seguro ni generalizable en todas las situaciones, por lo que allá donde no se pueda alcanzar deberán preverse medidas que salvaguarden la competencia. Un objetivo de estas características implica, por un lado, la participación activa en el proceso innovador tanto de los operadores alternativos como del ex monopolista, y, por otro, la garantía de un nivel de transparencia y de colaboración en el acceso no discriminatorio a las infraestructuras civiles disponibles, la mayor parte de ellas propiedad de Telefónica. Transparencia y colaboración imprescindibles para generar la confianza que el proceso inversor requiere.

La CMT ha realizado el ejercicio no exento de riesgo al intentar avanzar su posición respecto a la evolución futura de la regulación. Éste es un ejercicio innovador y sin precedentes en nuestro país, y que sólo unos pocos reguladores europeos han llevado a cabo, que intenta clarificar el futuro con el fin de facilitar y promover la inversión y la innovación tecnológica, sin por ello dejar de lado la vigilancia y el impulso a la competencia en las telecomunicaciones. Es preciso indicar que esto es sólo el principio, y que la CMT va a estar presente durante todo el proceso, supervisándolo y tomando las medidas correctoras que la realidad de los mercados requiera en cada momento.

Reinaldo Rodríguez Illera es presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.