La Xunta publica por primera vez el registro de intereses de los altos cargos

Un año y ocho meses después de la aprobación de la Ley de Transparencia, el Gobierno gallego ordenó ayer dar cumplimiento a la disposición que le obliga a dar publicidad a la declaración de actividades e intereses económicos de los 156 altos cargos de la Xunta afectados por esta normativa.

La ley les obliga a enviar al Parlamento de Galicia esos datos, así como la declaración de bienes patrimoniales de cada uno de ellos, acompañados de un informe dando cuenta "del grado de cumplimiento" de estas obligaciones.

Touriño no admite "de momento" error alguno en Emigración

Presidencia no quiso ayer facilitar el contenido del informe en cuestión, que a última hora de la tarde tampoco había llegado al Parlamento. No obstante, a través de Internet (www.xunta.es/dxfp/DecAltosCargos/index.htm) la Xunta ya ha comenzado a poner a disposición de los ciudadanos las declaraciones de intereses y actividades de los altos cargos, empezando por el presidente, el vicepresidente y los conselleiros. Presidencia atribuyó a dificultades "técnicas" que aún no estén disponibles los datos de todos los cargos y aclaró que se irán publicando a medida que "sea posible".

De los datos divulgados hasta ahora llaman la atención las declaraciones de las conselleiras de Pesca, la socialista Carmen Gallego, y Vivenda, la nacionalista Teresa Táboas, que afirman percibir dos salarios públicos, algo expresamente prohibido por la legislación sobre incompatibilidades. Gallego declara cobrar como conselleira y como diputada; Táboas afirma que percibe retribuciones como integrante del Gobierno y como presidenta de una empresa pública.

Interrogadas al respecto por este diario, ambas se mostraron sorprendidas por el contenido de sus respectivas declaraciones (que ellas mismas firmaron) y aseguraron que no cobran "un sólo céntimo" que no proceda de sus salarios como conselleiras. Las dos sostienen que se trata de "un error" que tratarán de subsanar "inmediatamente".

El presidente, el vicepresidente y los conselleiros declaran no tener ningún interés ni actividad económica salvo las relacionadas directamente con sus respectivos cargos. La Xunta reformará el registro que se ocupa de las declaraciones, que pasará a llamarse Oficina de Incompatibilidades e Boas Prácticas.

El envío de esta información al Parlamento fue anunciada por el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, al término del último Consello celebrado antes de la campaña electoral, que comenzó oficialmente esta madrugada. En la misma reunión, el Gobierno aprobó el proyecto de ley de reforma del Consello de Relacións Laborais, siguiendo las indicaciones de sindicatos y empresarios para garantizar su autonomía y en mejorar los mecanismos de negociación colectiva.

El Consello aprobó también dedicar este año 37 millones a la instalación de protectores en las vallas de las carreteras para reducir las lesiones de los motoristas en caso de accidente (la actuación afecta al 30% de la red autonómica). Touriño aprovechó además la sesión para informar a sus conselleiros de la renovación del Consello Consultivo, para el que va a nombrar a Teresa Conde-Pumpido, José Luis Costa Pillado, Javier d'Amorín, José Gonzalo de la Huerga y Carlos Martínez-Buján.

Preguntado acerca de si piensa tomar alguna medida en relación con la beneficiaria de una ayuda de Emigración que dice haberla recibido para ejercer como agente electoral del PSOE, Touriño anunció su intención de tomar alguna iniciativa al respecto, aunque no quiso explicar qué va a hacer ni cuándo. "El presidente", dijo, "hará lo que tiene que hacer". "No voy a seguir hablando de ese tema, gracias", advirtió a los periodistas antes de añadir: la Xunta, "de momento", no asume que se haya cometido error alguno en este caso. "Lo que tenga que decir ya lo diré, no se preocupen ustedes", zanjó Touriño.