Cuidadores de discapacitados piden mejoras salariales

Madrid está lleno de rincones, de mundos semiocultos. Un local en los bajos de una zona residencial en Moratalaz, un centro en una nave de un polígono industrial de Móstoles... Sitios a los que acuden cada día personas que nunca lograron recuperarse de un accidente de moto, o de coche, o de un atropello, o de un ictus... Ayer, hartos de ser casi invisibles, centenares de cuidadores de discapacitados abandonaron sus rincones y sus puestos de trabajo. Y se plantaron delante de la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, para ser vistos y escuchados.

Llevaban pancartas: "Dignidad por un salario justo". Llevaban batas blancas con carteles pegados: "Cuidadora: 534 euros al mes por 40 horas semanales". Eran unos 500 según los policías que acordonaban la zona. Más del 50%, según la patronal (y el 80% según los sindicatos), de los 6.000 trabajadores que cuidan a la mayor parte de los discapacitados intelectuales de la región (17.969, según la Consejería de Asuntos Sociales), fueron a la huelga ayer en los más de 100 centros concertados con entidades privadas para cubrir este servicio.

En huelga

"Tenemos 1.575 plazas gestionadas directamente por la Comunidad y 17.969 concertadas", explicaba la directora general de Servicios Sociales, Carmen Pérez Anchuela. "Pero de los 4.902 trabajadores que tenemos registrados sólo 778 han ido a la huelga".

La atención a los discapacitados intelectuales es otro de los servicios sociales que se gestiona a través de entidades privadas. Son todos esos locales, centros, naves en los que recalan, como con un zumbido silencioso, todas esas personas que tantas veces quedan perdidas en las estadísticas en el apartado de heridos, o que padecen alguna lesión incurable con la que tienen que vivir, ellos y sus familias.

El resultado de esos conciertos con esos centros, muchas veces creados originariamente por los propios padres de los usuarios, es que el Gobierno regional se desentiende por completo de las condiciones laborales de los trabajadores: "Son las entidades las que negocian eso de acuerdo con un convenio", argumentan. Sin embargo, la rotación laboral y la precariedad del sector (no llegan a mileuristas la mayoría) sacó ayer a esos trabajadores a la calle "para que, por lo menos, se nos vea, se nos valore y la consejera [Gádor Ongil] se siente a negociar", decía la educadora Ana Moriñigo, de 37 años.