Juzgado por acoso laboral el alcalde de Dozón

"Es un juicio político y no me creo culpable". Estas fueron las únicas palabras del alcalde de Dozón (Pontevedra), el popular Adolfo Campos, que se negó a prestar declaración al inicio del juicio por prevaricación emprendido a instancias de la CIG, que solicita, además, una pena de diez años de inhabilitación, cinco de prisión y más de 230.000 euros de indemnización.

La razón es el acoso laboral al que el regidor, con 20 años en el cargo, vendría sometiendo a una funcionaria y delegada sindical Ana Lois Navaza, desde que en 1999 fue incluida en la candidatura del BNG. Esa "hostilidad" laboral, que los peritos corroboraron, fue objeto de numerosas denuncias por la vía contenciosa, con el resultado de más de 30 sentencias favorables, ratificadas algunas de ellas por el Tribunal Superior.

Según los peritos , Ana Lois, que actualmente continúa trabajando en el Ayuntamiento de Dozón, sufre todavía ese trato "vejatorio", lo que empeora un cuadro psicológico "irreversible" que ha derivado en una menopausia precoz con 40 años. Esto le obliga a seguir cuatro tratamientos farmacológicos simultáneos, que suponen la ingesta de ocho pastillas diarias y apoyo terapéutico.

El entonces responsable comarcal de la CIG, Enrique García, explicó que al intentar mediar el alcalde le dijo que "no iba a consentir que alguien le traicionara" y la calificó como "su enemiga política". Además, Campos "le prohibió por escrito el acceso a la fotocopiadora, al teléfono, al fax y a los ordenadores". Con todo, el fiscal entiende que no cabe la vía penal y aunque haya "un montón de fallos a favor de la demandante" y "el trato no sea el ideal".