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22 avisos de huelga en 4 años

La conflictividad laboral lastra la gestión de Ferrocarrils de la Generalitat

Sara Velert

En un andén de la estación de Colón del metro en Valencia. "Esta mañana he tenido que salir de casa media hora antes para llegar a tiempo al trabajo. Si sigue la huelga, acabaré cogiendo el coche", cuenta Amparo Jiménez, usuaria habitual. En la parada de Colón, Carmen Beltrán se lamenta: "Pensaba llegar pronto a casa. Siempre nos fastidiamos los mismos". Son solo dos de los miles de afectados por los paros parciales en la red de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) en Valencia desde finales de enero, cuando el Sindicato Independiente Ferroviario (SIF) convocó huelga. Es el enésimo paro en los últimos años.

Los trabajadores de la empresa pública dependiente de la Consejería de Infraestructuras han convocado 22 huelgas desde finales de 2003, y han desconvocado la mayoría, ya que al final se han celebrado un total de nueve. La primera de esta serie duró casi cinco meses al estancarse la negociación del convenio a finales de 2003 y principios de 2004; el resto se han producido con el acuerdo firmado, a razón de una cada medio año como media. ¿Qué pasa en FGV? ¿A qué se debe esta alta conflictividad que convierte periódicamente a los viajeros en rehenes del pulso entre empresa y sindicatos?

"Cualquier reivindicación pasa por un paro", critica la gerente
"Si usamos una medida de presión es porque no se llega a acuerdos"

"El del transporte es un sector estratégico y si para tiene una incidencia muy fuerte en el usuario", constata de entrada la gerente de FGV, Marisa Gracia. Y ésta es su primera explicación de la inestabilidad en el metro: "Cualquier reivindicación pasa por una huelga, parece la única forma de conseguir las cosas". Aquí va la réplica de Vicente Llop, de Comisiones Obreras: "Siempre que utilizamos una medida de presión es porque no se ha podido llegar a un acuerdo". "La huelga es el último recurso", añade Antonio Soler por la Unión General de Trabajadores.

Cuatro sindicatos tienen representación en el comité de empresa (UGT con 9 delegados, CC OO con 6, SIF con 6 y el Sindicato Ferroviario con 2) en Valencia. Alicante tiene su propio comité. No todos participan en cada aviso de huelga; el colectivo de maquinistas (473 de una plantilla de 1.699 trabajadores) es el que abandera más protestas, la mayoría del SIF, que concentra al 80% de los conductores. También la huelga actual es de maquinistas y del SIF en demanda de mejoras de seguridad y salariales vinculadas a un pacto anterior que, según los empleados, les deja en desventaja en la negociación del convenio en marcha, en cuyo marco quiere resolverlo la empresa.

La figura del agente único ha lastrado durante años la relación entre dirección y trabajadores. La supresión progresiva de los puestos de interventores ha dejado a los maquinistas solos al frente del tren, por lo que han exigido compensaciones por esa responsabilidad. Por esa vía, "el sueldo de los maquinistas ha subido un 30% en cuatro años", asegura Gracia.

Pero la relación con los conductores se ha tensado también por otros motivos, como las pruebas de seleccción, que se cambiaron y trastocaron un acuerdo previo con la empresa, y el accidente de la línea 1 que costó la vida a 43 personas el 3 de julio de 2006. Ni FGV ni el Consell asumieron ninguna responsabilidad. La culpa recayó en el conductor, fallecido también. "La empresa toma ahora la bandera de la seguridad, que a los sindicatos nos preocupa desde hace mucho tiempo, y la usa de forma represiva contra los maquinistas", se queja Fernando Soto, coordinador del SF. Para la gerente, los sindicatos abusan de la situación: "Hay huelgas que buscan mejoras salariales y ponen la seguridad de pantalla, de excusa". Jorge Álvarez, responsable por el SIF, rechaza esta acusación: "Hicimos una campaña porque no había pasillos de emergencia en la línea 1, y gracias a eso pusieron escalerillas".

Las dos partes, desde ópticas diferentes, coinciden en el peso de la herencia de FEVE (Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha), cuya estructura, líneas y trabajadores fueron transferidos en 1986. FGV "nació con una situación viciada", opina Gracia, que considera esencial la modernización de la gestión. De la época de Feve se arrastra la costumbre de trasladar el desarrollo de aspectos del convenio a comisiones paritarias en las que se ha enquistado más de un asunto. En ocasiones, el convenio deja flecos abiertos e incide en la alta conflictividad. "Aquí firmar un convenio no es sinónimo de paz social", apunta Soler. La gerente insiste en que no se justifica tanto aviso de huelga: "Más del 50% de conflictos del sector en el Tribunal de Arbitraje Laboral son de FGV". Los sindicatos también reprochan a la empresa que "negocie por barrios, intentando dividir a la plantilla", y la introducción de cambios organizativos al margen del convenio y sin diálogo que generan tensión. "Evitar que el usuario se quede en medio del problema depende de las dos partes", resume Llop.

Costes y privatización

La empresa FGV calcula que cuatro horas de huelga le cuestan 18.000 euros y reducen un 5% el número de viajeros en una jornada, en la que se contabilizan 189.000 viajes en la red. Los servicios mínimos se sitúan entre un 60 y un 66%, lo que con paros de dos horas incide en el transporte, pero al mismo tiempo, a juicio de la empresa, no acarrea grandes descuentos en el sueldo de los convocantes. "Eso provoca que se alarguen las huelgas", sostiene la gerente, Marisa Gracia. Pero el alto porcentaje de servicios mínimos también mantiene una frecuencia aceptable en parte de la red. Los viajeros que salen peor parados son los que cogen el metro en los extremos de las líneas, con menor frecuencia, y a los que pilla en hora punta, cuando los paros abarrotan andenes y convoyes. En todo caso, con esperas cortas o largas, son los que pagan el pato.

Las nueve huelgas de los últimos cuatro años -ninguna en Fallas al desconvocarse las anunciadas- se han concentrado en 2006 y 2007, y buena parte de ellas están relacionadas con la expansión de líneas del Tram en Alicante, donde la reorganización de la plantilla y la externalización de servicios, como los talleres, al margen del convenio han disparado los conflictos. El pasado diciembre los sindicatos se plantaron en bloque contra los planes de privatización de FGV y exigieron una reunión con el consejero de Infraestructuras, Mario Flores.

Los sindicatos saben que soplan vientos de liberalización en el sector, pero defienden que el control de la mayoría de la empresa sea público como garantía de calidad del servicio. En cuanto a la externalización con contratas, "a la larga es más fiable y económico tener un servicio interno", afirma Antonio Soler, de UGT. FGV defiende su idea de "establecer colaboraciones con otras empresas para mejorar la capacidad de negocio". La consejería planea la entrada de capital privado en la gestión de nuevas líneas.

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Sobre la firma

Sara Velert
Redactora de Internacional. Trabaja en EL PAÍS desde 1993, donde ha pasado también por la sección de Última Hora y ha cubierto en Valencia la información municipal, de medio ambiente y tribunales. Es licenciada en Geografía e Historia y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS, de cuya escuela ha sido profesora de redacción.

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