Equilibrio de género

Existe cierto desequilibrio en cuanto a la diversidad de género en el mercado laboral español. Según la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2007, la tasa de actividad masculina supera el 69%, pero la femenina no llega al 49%. Además, el índice de desempleo masculino es de un 6,1%, mientras que el femenino es casi del 10,5%.

Es también significativa la escasa presencia femenina en los consejos de administración de las empresas, que tres cuartas partes del colectivo de directivos (74%) lo formen hombres, y que la proporción sea aún más desequilibrada en los comités de dirección, donde sólo hay 15 mujeres por cada 85 hombres.

Por otra parte, el pasado 23 de marzo se publicó en el BOE la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Esta ley, que ya ha cumplido su primer medio año de vida y que modificó nada menos que veintitantos artículos del Estatuto de los Trabajadores y una treintena de leyes, pretendía prevenir las conductas discriminatorias para hacer realidad el principio de igualdad que avala la Constitución. Se trata de una ley transversal, con un campo de actuación que se extiende a todas las que se promulguen en el futuro, así como a la actuación de la función pública, y a otros aspectos relacionados, con lo que su impacto trasciende lo estrictamente laboral.

Permite sacar conclusiones para determinar un plan de acción que logre la igualdad efectiva en la empresa

Pero una cosa son las leyes que se promulgan y otra muy distinta la realidad. Con el fin de solventar estas diferencias, las empresas empiezan a someterse a las denominadas auditorías de igualdad. La auditoría de igualdad es el conjunto de actividades que a partir de un análisis de distintos aspectos que afectan a la fuerza laboral de la empresa (y diferencias por género) -por ejemplo: distribución de la población, tipos de contratos, edad, salarios tras las promociones, relación entre incrementos y evaluación del desempeño entre otros- permite sacar conclusiones sobre las áreas de riesgo para la empresa y determinar un plan de acción para lograr la igualdad efectiva.

A pesar de que cada sector y cada compañía tiene peculiaridades propias del negocio, pueden establecerse aspectos comunes para todos que permiten detectar potenciales áreas de riesgo, y que ayudan a diagnosticar los problemas que existen en el ámbito de la igualdad.

Tras la primera fase de análisis, consistente en comparativas por sexo entre el número total de empleados, los ascensos y salarios, en la progresión profesional de carreras, en la formación, etcétera... se determinan cuáles son las principales áreas de mejora y se proponen soluciones adaptadas a los problemas detectados. Las medidas a tomar suelen requerir una revisión de la política de incrementos, ajustes de bandas salariales, reconocimientos profesionales, diseño de sistemas de incentivos y de evaluación del desempeño, así como políticas de conciliación y flexibilidad en el empleo. Los procesos de gestión y retención del talento también deben ser analizados desde la perspectiva de la gestión de la diversidad, si se desea que éstos sean efectivos.

¿Por qué llevar a cabo una auditoría de igualdad? El principal motivo de su utilización es determinar los problemas que la empresa debe afrontar para lograr una igualdad efectiva, así como proponer un plan de acción óptimo, ya que como hemos dicho no sólo existe la presión legal, sino que además hay que tener en cuenta los aspectos reputacionales y los costes económicos y legales a los que las empresas se enfrentarían en caso de no ponerse al día en materia de igualdad.

Sin duda, estas auditorías se presentan como una oportunidad para las empresas a la hora de mejorar su reputación o imagen de cara a los inversores y empleados.

Aproximadamente, la mitad del capital intelectual de la sociedad lo forman mujeres (51%), por lo que las empresas no pueden permitirse desaprovechar la oportunidad que esto supone para garantizar competitividad en el mercado.

María Luisa García es consultora de Towers Perrin Human Services.