Los jefes militares de Trillo declaran que ignoraban los informes sobre inseguridad

El testimonio judicial de dos de los principales altos cargos militares sobre las presuntas irregularidades en la contratación del Yak 42 en cuyo accidente fallecieron 62 soldados el 26 de mayo de 2003 revela, cuando menos, un grave problema de comunicación en la cúpula de Defensa durante el mandato de José María Aznar. Ni el jefe del Estado Mayor del Ejército mientras Federico Trillo fue ministro, el general Luis Alejandre, ni el ex jefe del Estado Mayor Conjunto (Emacon), el teniente general Juan Luis Ibarreta, tuvieron conocimiento de los dos informes que alertaron de la inseguridad de los aviones contratados por Defensa.

Por el juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Fernando Grande-Marlaska, pasaron ayer, además de esos dos ex altos cargos, los dos oficiales que redactaron los informes. El del teniente coronel Javier Marino, del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra (CISET) alertaba sobre "altos riesgos al transportar personal en aviones de carga de la antigua URSS" tras un vuelo a Kabul en un Ilyushin bielorruso mes y medio antes de la tragedia.

"Varias de las ruedas del avión presentaban un pésimo estado de conservación: la mayor parte estaban desgastadas y en al menos cuatro se veía la urdimbre del cordaje", redactó Marino, que también avisó en el documento de las deficiencias en el anclado de la carga junto a la que viajaban los militares y el consiguiente peligro. El oficial ratificó ante el juez los términos de su informe y aseguró que lo puso en conocimiento de sus superiores.

Lo mismo hizo el teniente general Manuel Estellés, jefe del Mando Aéreo de Levante bajo Trillo y autor de una nota informativa que resumía las quejas recibidas. Estas hablaban de "falta de seguridad e incomodidad de los vuelos", retrasos y deficiencias en la sujeción de la carga. Estellés también confirmó ante Grande-Marlaska haber elaborado esa nota y aseguró que la envió al Estado Mayor del Aire que, a su vez, la hizo llegar al Estado Mayor Conjunto, cuyo responsable último era el teniente general Ibarreta. Estellés llegó a declarar que notó cambios a raíz de su escrito: se fue suprimiendo la mezcla de pasajeros y carga y se comenzaron a usar aviones distintos de los Ilyushin.

Sin embargo, Ibarreta, principal responsable de la contratación de los vuelos de apoyo a las tropas en el exterior -y, por tanto, del Yak 42-, negó haber recibido ese escrito y aseguró que las únicas cuatro quejas previas al accidente que recibió fueron sobre "el catering, los retrasos y la incomodidad" de los aparatos, pero no sobre su falta de seguridad. "El Yakovlev 42 es el tercer avión más seguro que existe", llegó a afirmar en su declaración, según esas mismas fuentes. Sobre el informe del teniente coronel Marino, aseguró que "se enteró por la prensa".

Menos conocimiento aún sobre el estado de los aviones con que viajaban las tropas demostró tener el ex jefe de Estado Mayor del Ejército. El general Alejandre aseguró que ignoraba la existencia de cualquier tipo de queja o informe sobre los aviones. Incluso el documento de Marino, a pesar de que el CISET dependía en ese momento directamente de él. Alejandre negó conocer ante el juez el contenido del contrato del Estado Mayor Conjunto con NAMSA (la agencia de logística de la OTAN que gestionaba los vuelos) o la cadena de subcontratas entre compañías aéreas que llevó hasta la ucraniana UM Air, que transportó a los soldados por 45.000 dólares. El resto, hasta los 171.350 que pagó Defensa fue a parar a intermediarios.