Un mismo objetivo buscado en dos procesos

El juez Baltasar Garzón ha sido tajante en su investigación sobre las organizaciones del entorno proetarra. En los próximos tres años, ni ANV ni el PCTV podrán presentarse a las elecciones. Las sedes de ambas formaciones quedan clausuradas temporalmente y sin suministro de agua, luz y teléfono, y todos sus bienes y dinero confiscados y bloqueados al igual que las subvenciones y ayudas que le correspondan. Ninguna de las dos fuerzas puede organizar ningún tipo de actividad política: ni mítines ni manifestaciones ni actos partidistas... Nada.

El hecho de que el Tribunal Supremo -el de mayor rango en España- sólo haya decidido cortar la financiación pública de ambos partidos y supender la presentación de candidaturas de ANV no implica que el resto de medidas dictadas por Garzón hayan perdido vigor. El Gobierno, a través de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, ha tratado de impedir por dos vías diferentes que formaciones herederas de Batasuna puedan estar presentes en el Congreso o en el Senado después del 9-M. Se trata de dos procesos independientes ante dos tribunales distintos.

El primero nace de tres sumarios abiertos por Garzón contra el entorno de ETA-Batasuna en los que varios dirigentes del PCTV y ANV están imputados por colaboración con banda armada y asociación ilícita. En esa causa penal -que tras la instrucción tendrá que juzgar la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional antes de llegar al Supremo- el fiscal solicitó el pasado 1 de febrero como medida cautelar la suspensión de actividades de ambos partidos por considerarlos "incardinados en el complejo terrorista ideado y liderado por ETA". El juez accedió el viernes a esa petición.

El segundo proceso abierto contra ANV y PCTV son las dos demandas de ilegalización presentadas respectivamente por la Fiscalía y la Abogacía del Estado ante la Sala del 61 del Supremo, que ya ilegalizó a Batasuna. En sus escritos, pidieron también como medida cautelar sendas suspensiones de actividades como las acordadas por Garzón que, finalmente, el alto tribunal no ha adoptado. A efectos prácticos da igual porque las decretadas por Garzón siguen vigentes.