Caballero señala avances en el auditorio de Vigo

El principio de acuerdo alcanzado por Pazo de Congresos, SA, promotora del auditorio de Vigo, y el arquitecto César Portela, autor del proyecto, para ejecutarlo con un presupuesto de 95 millones de euros, no despeja las incertidumbres sobre el futuro de la actuación. "Se están produciendo progresos y estamos en el buen camino, pero tengo que reiterar que recibimos el proyecto absolutamente quebrado. En este asunto el Ayuntamiento está en una situación muy complicada y difícil", afirmó ayer el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

El regidor vigués rehusó entrar en más detalles, precisamente por lo delicado de la situación. "El plazo de 20 días que fijé para que este asunto se resolviera sigue vigente. La vez que hable sobre ello será para comunicar que hay una solución o, por el contrario, que no hay salida y tendremos que empezar desde cero", añadió.

Aunque las diferencias financieras entre el proyecto constructivo de César Portela (inicialmente presupuestado en 154,5 millones de euros) y el precio de adjudicación de la obra (85,7 millones) a Pazo de Congresos, la UTE liderada por Caixanova y Sacyr, hayan confluido en el acuerdo inicial de ambas partes para realizar la obra por 95 millones, ahora habrá que integrar y armonizar esa cifra en los distintos frentes normativos del proyecto.

César Portela, por una parte, intenta ser coherente con el proyecto que le permitió ganar el concurso, sin rebajar sus calidades o, si finalmente ha de hacerlo, cargando formalmente las responsabilidades en el ayuntamiento.

Oferta a la baja

En el concurso de adjudicación de la obra, por otra parte, puntuó de modo importante la oferta a la baja que presentó Pazo de Congresos (el presupuesto de salida eran 90 millones de euros) ya que permitía reducir las aportaciones públicas del Ayuntamiento y de la Xunta, que han de aportar el 33% de la inversión y se ahorraban 4,3 millones sobre lo previsto.

Caballero aseguraba en diciembre que, cualquiera que fuera la solución que alcanzaran las dos partes enfrentadas, en ningún caso repercutiría en un mayor gasto público en la obra. Aun así, se modifica el precio por el que fue adjudicada en 2006 -con lo que podrían reclamar los otros concursantes- en un procedimiento que ya tuvo informes técnicos municipales negativos y que sólo fue avalado por informes externos.