Galicia concentra el 39% de las ayudas al alquiler de pisos en toda España

A pesar de sus reticencias contra la renta básica de emancipación, la Consellería de Vivenda ha resuelto en un mes 731 expedientes de la ayuda de 210 euros para el alquiler de pisos a jóvenes de entre 22 y 30 años que concede el Ministerio de Vivienda. Galicia es la comunidad autónoma que ha aprobado más solicitudes, casi el 39% del total de resoluciones positivas de toda España. La conselleira Teresa Táboas puso ese dato como ejemplo de "lealtad institucional", pese a que su formación política, el BNG, ha solicitado la supresión del ministerio que dirige Carme Chacón.

El alcalde asegura que no le preocupa el retraso "de dos días" del PGOM

De acuerdo con los datos del ministerio, de las 1.880 resoluciones positivas definitivas y provisionales emitidas, 731 se tramitaron en Galicia, muy por delante de la siguiente comunidad que resolvió más expedientes, Andalucía, con 372. En Madrid sólo se tramitó una petición, que fue denegada, mientras que en Cataluña, donde se produjeron más peticiones, 39.226, se resolvieron dos. Galicia, con 14.226 solicitudes, el 10% del total, es la tercera autonomía de mayor demanda, después de Cataluña y Castilla y León.

Pese a su declaración de lealtad al ministerio, la conselleira coincidió con el Bloque en defender que todos los fondos para políticas de vivienda los gestionen las comunidades autónomas, ya que cuentan con las competencias en la materia transferidas. Táboas aseguró que se trata de una petición avalada por todos los grupos con representación en el Parlamento gallego. "Una cosa es la defensa de las competencias" de Galicia, "y otra muy distinta es la colaboración estrecha y leal que siempre habrá por parte de la consellería".

La conselleira agregó que las tramitaciones de la renta básica de emancipación demuestran que, "mal que le pese a algunos", Vivenda ha colaborado "con toda lealtad, agilidad y rigor" con el ministerio. El departamento que dirige Teresa Táboas sostiene que las ayudas como las que ha puesto en marcha el ministerio favorecen la inflación de los alquileres.

Las declaraciones de la conselleira se produjeron después de una reunión con el alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, en la que éste solicitó la declaración del populoso barrio de Teis, donde viven unas 30.000 personas, como área de rehabilitación integral, para acometer en él una intervención de renovación urbana. Algunas actuaciones previstas en esa zona de Vigo, como el soterramiento de las vías del tren o la renovación de calles, permitirán favorecer "una zona totalmente nueva", explicó Caballero.

Otro anuncio realizado por el regidor municipal vigués es el de la cesión a Vivenda del patrimonio municipal de suelo que genere el nuevo plan general de la ciudad (PGOM), pendiente de aprobación definitiva. Dicho patrimonio, formado por las cesiones obligatorias de los promotores inmobiliarios a los ayuntamientos, puede ser transferido a la comunidad autónoma para llevar a cabo viviendas sociales. "Queremos tramitar ese suelo con la Xunta de forma inmediata", precisó Caballero, que recordó que Vigo es la ciudad con la vivienda más cara de Galicia.

Caballero agregó que el Plan Sectorial de Vivenda que está redactando la consellería servirá de base para un plan municipal de Vigo, en el que se analizarán las necesidades de pisos de protección. "Queremos detectar toda esa inmensa demanda" de las viviendas a precio tasado, de las que, según Caballero, pueden ser beneficiarios por su nivel de ingresos el 90% de los ciudadanos de Vigo. El alza de los pisos en la ciudad, agregó, "tiene que romperse con el plan general y con la actuación de la Consellería de Vivenda".

Caballero, por otra parte, restó importancia a que la Xunta haya interrumpido el análisis definitivo del plan general vigués, a la espera de un documento de Medio Ambiente. "Después de 2.500 días de tramitación, dos días más o menos no me preocupan", declaró. También negó el alcalde que un "error mecanográfico" en el acta del pleno de aprobación del plan provocara un retraso de 20 días en la tramitación del documento, como denunció el PP.