Imputados dos policías y un agente de Vigilancia Aduanera en una red de 'narcos'

Dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía y un funcionario de Vigilancia Aduanera se sentarán en los próximos días en el banquillo de la Audiencia de Cádiz acusados de colaborar con una red que introducía hachís en camiones a través del puerto gaditano. La Fiscalía cree que ejercieron de informadores e intermediarios a cambio de dinero. Fue la denuncia y posterior colaboración de un agente de la Guardia Civil, al que también se intentó comprar, la que permitió abortar esta trama delictiva.

Según el Ministerio Público, existía una sólida infraestructura que desde 2001 introducía elevadas cantidades de hachís desde Marruecos. La droga viajaba escondida en los bajos de camiones de empresas de transportes contratadas por dos de los principales acusados.

Las sustancias estupefacientes llegaban al puerto de Cádiz y después se distribuían al resto de la península, Holanda y Bélgica. A finales de ese año esa red decidió realizar varios pases de droga a través de la aduana de Cádiz. Los cabecillas entendieron que necesitaban la colaboración de funcionarios de diferentes cuerpos de seguridad. Por eso se contactó con un funcionario de Vigilancia Aduanera, P.J.G., destinado en Jerez, quien a su vez pidió ayuda a un policía nacional, F.P., entonces suspendido de funciones por otro delito contra la salud pública, y G.R., un agente en activo.

Ambos aceptaron pero necesitaban de algún colaborador directo en el muelle. Por eso recurrieron a un guardia civil destinado en la sección de especialistas fiscales del puerto gaditano. Uno de los policías era vecino suyo y conocía sus necesidades económicas. Sin embargo, el agente del Instituto Armado denunció los hechos a sus superiores. La Guardia Civil decidió entonces simular que el agente aceptaba el dinero para tratar de abortar la operación, aunque en realidad los hechos habían sido puestos en conocimiento del juzgado que investigaba el caso.

El guardia civil llegó a recibir en diferentes pagos 230.000 euros a cambio de información. Como contraprestación hizo creer a los cabecillas de la red que los camiones podrían pasar por el muelle de Cádiz sin problemas. Finalmente, el alijo fue abortado y el Instituto Armado pudo detener a los miembros de la trama.

En el banquillo se sentarán 13 personas, incluidos los policías y el funcionario de Vigilancia Aduanera. La Fiscalía les acusa de un delito contra la salud pública y otro de cohecho activo en calidad de cooperador necesario. Las penas oscilan entre los cuatro y los 11 años de prisión.