El ex delegado del Gobierno del PP en Ceuta, en el banquillo

La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta juzgará desde hoy al ex delegado del Gobierno en la ciudad autónoma Luis Vicente Moro (PP), para quien la acusación pide seis años de prisión y 12 de inhabilitación por haber autorizado expulsiones supuestamente ilegales de menores marroquíes hace 10 años.

No será la primera vez que Moro se siente en el banquillo. El ex delegado, que desempeñó el cargo durante siete años, ya fue condenado a dos años de prisión por la Audiencia Provincial el pasado mes de julio por "dañar" la trayectoria profesional del magistrado Fernando Tesón, precisamente presidente de ese órgano judicial en Ceuta.

El juicio que se celebrará a partir de hoy es consecuencia de una denuncia presentada por tres agentes de la Policía Local en noviembre de 1998 por la expulsión "ilegal" de menores marroquíes a su país de origen, sin garantías jurídicas.

Según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), los policías han aportado "documentos, fotos y testimonios" que demuestran las expulsiones de menores en situación de desamparo. Los agentes afirman que dichas actuaciones se llevaban a cabo siguiendo instrucciones de los mandos policiales y políticos de la época. De ahí que hayan resultado imputados el ex delegado del Gobierno y el entonces consejero de Gobernación, Antonio Francia, también del PP.

Los policías que denunciaron las expulsiones aseguraron que los niños eran introducidos en vehículos policiales y trasladados al garaje de la Policía Local. Se les tomaba la filiación y eran trasladados a la frontera en un furgón policial utilizado para la retirada de pescados y verduras decomisados en la venta ambulante.

La denuncia que presentaron estos agentes se volvió contra ellos y fueron separados del servicio. La APDHA recuerda que "la Delegación del Gobierno y la ciudad, en vez de investigar y tomar cartas en el asunto, comenzaron una campaña de difamación de estos policías honestos y contra todas las ONG que divulgan estas actividades delictivas".

Según APDHA, la tramitación de la querella ha sido una carrera de obstáculos, que incluyó desde el rechazo a las diligencias y pruebas solicitadas hasta la negativa a tomar declaración a los imputados. Incluso fue impuesta a las organizaciones querellantes una fianza de 24.000 euros (unos cuatro millones de pesetas), una de las más altas de la justicia española a una acusación popular. Posteriormente, la Audiencia Provincial rebajó de forma sustancial dicha fianza, al tiempo que iba aceptando los recursos interpuestos por el servicio jurídico de la APDHA contra el archivo y sobreseimiento del caso. La Audiencia ordenó que siguieran las investigaciones.