La patronal acepta acercarse a los campus sin prometer más dinero
La Xunta y las universidades negociarán hasta junio un incremento de la financiación pública de los estudios superiores para poder afrontar la reforma universitaria impuesta por los acuerdos de Bolonia. Los cambios que se avecinan precisarán un importanto desembolso de dinero y el Gobierno gallego tiene claro que la Administración en solitario no podrá asumir tanto gasto.
Tras cerrar el acuerdo con los rectores en junio, la conselleira de Educación, Laura Sánchez Piñón, tiene previsto proponer a las principales empresas gallegas que se impliquen en el sostenimiento de la universidad con aportaciones fijas, en vez del pago de investigaciones y servicios que caracteriza la relación actual entre los empersarios y los campus. La propuesta ha sido acogida, de momento, con frialdad.
La Confederación Galega de Empresarios (CEG) prefiere no comentar los planes de la conselleira, un silencio al que se han unido Pescanova, Zeltia e Inditex. Santiago Vázquez, responsable de Recursos Humanos de R, cree acertado que se "replanteen" las relaciones entre las empresas y las universidades, pero no entra a valorar la propuesta concreta de que las compañías aporten una financiación fija. Vázquez destaca la importancia que tiene para el entramado empresarial de un país una universidad adaptada a sus necesidades y pide más contenidos prácticos en las carreras, unos estudios que se adapten de manera "más ágil" a la realidad y "más implicación" de los directivos de las empresas en la formación de los universitarios.
Los rectores de las universidades de Santiago y A Coruña desconfían de que la patronal acceda a aportar fondos para sacar adelante la reforma universitaria. El responsable compostelano, Senén Barro, califica de "incontestables" las "bondades" de esta propuesta de la conselleira para la universidad y las empresas, pero ve "difícil" que el sector privado la acepte. "Es algo que tiene que llegar pero todavía es pronto", apunta el rector coruñés, José María Barja. El objetivo de las negociaciones que están a punto de empezar entre Xunta y universidades es que las consellerías aporten a los campus una cantidad que supere el 1% del PIB gallego. "Es un esfuerzo razonable pero no llega a la media ni española ni europea", advierte Barro.
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