El Tribunal Superior investiga si un recluso sobornó al juez Urquía

La Guardia Civil sospecha que el magistrado Francisco Javier de Urquía, apartado del Juzgado número 2 de Marbella, recibió dinero del empresario paquistaní Azan Khan, encarcelado en la operación Hidalgo contra el blanqueo de capitales que dirigió el juez la pasada primavera. A cambio, el empresario obtuvo la libertad a las dos semanas de ingresar en la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga), bajo fianza de 100.000 euros. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) investiga ahora el supuesto soborno en la segunda causa contra De Urquía, de nuevo acusado de cohecho y prevaricación.

Khan está imputado de cohecho en esta nueva causa, en fase de instrucción, y ayer se negó a declarar ante el magistrado Miguel Pasquau, que instruye el caso. Al mismo tiempo, Khan, que reside habitualmente en Sotogrande (Cádiz), es investigado por la justicia belga por un fraude del IVA relacionado con sus negocios en la industria petrolera.

El juez De Urquía envió a prisión al empresario el pasado abril acusado de un delito de blanqueo, al ser uno de los principales clientes del despacho de abogados Cruz Conde, corazón de la trama de blanqueo de capitales investigada en la Costa del Sol. El empresario está considerado un blanqueador de grandes sumas de dinero supuestamente procedentes del tráfico internacional de armas y drogas, según fuentes de la investigación.

Azan Khan fue una de las ocho personas que la Policía no pudo detener en el arranque de la operación Hidalgo, en la que se intervino 92 millones depositados en 632 cuentas bancarias y 553 viviendas en las zonas más cotizadas de la Costa del Sol. Sin embargo, decidió entregarse en el juzgado tras conocer que el juez De Urquía había enviado a prisión a su esposa, Khad D. Tanto Khan como su esposa quedaron en libertad dos semanas después de abonar una fianza de 100.000 y 50.000 euros respectivamente. La Guardia Civil sostiene que el magistrado De Urquía percibió dinero a cambio de agilizar su puesta en libertad.

La implicación de Khan en la operación Hidalgo está relacionada con las conexiones internacionales de algunas de las 800 sociedades mercantiles, presuntos instrumentos para ocultar la procedencia y titularidad de fondos ilícitos. La magnitud de lo intervenido en el caso superó lo intervenido en el caso Ballena Blanca, la otra gran operación policial contra el blanqueo de capitales en Marbella, centrada en el bufete del letrado chileno Fernando del Valle.

La presunta vinculación del empresario paquistaní con el juez De Urquía supone para el magistrado el haber recibido un supuesto doble soborno. La primera causa contra él, relacionada con el caso Malaya, motivó una primera suspensión del juez por parte del Consejo General del Poder Judicial el pasado julio.

El magistrado Miguel Pasquau, que terminó su investigación en diciembre, considera que el juez cobró 78.300 euros de Juan Antonio Roca, el presunto cerebro de la trama marbellí. De Urquía está acusado de aceptar ese dinero para comprar una vivienda a cambio de asesorar a Roca y suspender la emisión de un programa de televisión que indagaba sobre su enorme patrimonio. En su contundente resolución, el magistrado instructor dijo que "no alberga duda alguna" de que las anotaciones contables de 78.300 euros encontradas en los despachos de Roca suponen entregas efectivas a favor de De Urquía.

El TSJA juzga en esta segunda causa junto a De Urquía, acusado por cohecho y prevaricación, a su amigo Arnaud Fabrice Albouhair, a Igor Mier Labernia, y al empresario paquistaní Azan Khan. Los cuatro imputados han prestado declaración en enero ante el magistrado Miguel Pasquau, que instruye el caso.