Las Juntas alavesas rehúsan criticar los 'casos' Atutxa e Ibarretxe

La situación minoritaria de los partidos que apoyan al gobierno que lidera Xabier Agirre y la oposición del PSE y el PP impidieron ayer sendos pronunciamientos de las Juntas Generales de Álava en relación con las actuaciones de la justicia. El PP trató de sacar adelante una declaración alternativa de respeto a los jueces y de llamamiento a los poderes públicos y partidos a respetar la independencia del poder judicial, pero resultó igualmente derrotada.

El PSE jugó un papel central en ambos rechazos e impuso su consideración de que el mejor modo de salvaguardar la separación de poderes y respetar a la Justicia es que otras instituciones no enjuicien sus acciones, máxime cuando no se han agotado todas las instancias.

"Es un error judicializar la vida política", admitió el portavoz socialista, Juan Carlos Prieto. Pero cualquier pronunciamiento de la Cámara foral, en el sentido pretendido por los nacionalistas o en el perseguido por el PP, tendría precisamente el efecto de "contribuir a esa judicialización", añadió.

Esa actitud del PSE llevó a que los proponentes, PNV y EB, apoyados luego por EA y Aralar, no lograran que la Cámara provincial censurara la condena del Tribunal Supremo al ex presidente del Parlamento, Juan María Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao. Los nacionalistas tampoco consiguieron que las Juntas emitieran opinión sobre el encausamiento por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco del lehendakari y los dirigentes socialistas Patxi López y Rodoldo Ares. Ello pese a que la petición de archivo de la causa, realizada también por la defensa de los dos últimos, coincide con el pronunciamiento que nacionalistas y EB pretendían de las Juntas alavesas.

En el primer caso, el tripartito del equipo de gobierno de la Diputación (PNV, EA y Aralar), acompañado de Ezker Batua, perseguían que la Cámara provincial mostrara en una declaración institucional su disconformidad con la condena impuesta por el Tribunal Supremo y su solidaridad con los condenados. El texto señalaba al fallo del Supremo como "un ejercicio de instrumentalización política de la Justicia y deslegitimación de las instituciones vascas" que perseguiría "criminalizar arbitrariamente" por defender "las competencias del Parlamento".

Tal declaración quedó abortada por la oposición en la Junta de Portavoces del PP y el PSE, que suman la mayoría en la Cámara foral, de tal modo que no hubo pronunciamiento institucional.

Idéntica suerte corrió la segunda moción, presentada por EB, y que recibió sólo el respaldo de los grupos que apoyan a Agirre. En este caso se trataba de pedir al TSJPV "el sobreseimiento" o, "en su caso, la absolución" de Ibarretxe, López y Ares, en lo que se tachaba de un "juicio político", con el objetivo último de "penalizar el diálogo".

La posición del PSE en las Juntas alavesas contrasta con la de sus compañeros en el Ayuntamiento de San Sebastián. El texto propuesto por el PNV fue respaldado allí el pasado 24 de enero por el equipo socialista, con el alcalde, Odón Elorza, a la cabeza, y era idéntico al que ayer rechazaron los junteros socialistas alaveses.

Renuncia

El pleno sí aprobó una condena a las amenazas y ataques contra empresas adjudicatarias de la Y ferroviaria. La respaldaron todos los grupos, menos ANV, que expresaron también el "total apoyo" al acuerdo entre el Gobierno central y el vasco para llevar a cabo la obra.

El de ayer fue el último pleno del único representante de Ezker Batua. José Miguel Fernández, que ha ocupado su escaño durante ocho años, será sustituido por la concejal de EB en el Ayuntamiento de Vitoria, Nerea Gálvez, que, de momento, simultaneará ambos puestos. Fernández es secretario segundo de la Mesa de la Cámara foral, por un acuerdo con el PNV, EA y Aralar que estos partidos se habrían mostrado ya dispuestos a mantener.