El Gobierno ofrece a Dolores Vázquez 120.000 euros por su calvario judicial

El Ministerio de Justicia, ha reconocido que Dolores Vázquez fue víctima de un error que le hizo ser condenada por el asesinato de la joven de Mijas (Málaga) Rocío Wanninkhof y por el que pasó 17 meses en prisión. Justicia ha propuesto una indemnización de 120.000 euros para Vázquez, que tras su detención, en septiembre de 2000, ha sufrido un verdadero linchamiento moral tanto desde algunos medios de comunicación como por parte de la familia de la víctima. Si acepta la reparación que le ofrece la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, Vázquez recibirá 392 euros por cada día que pasó injustamente en la cárcel de Alhaurín de la Torre.

La propuesta del Gobierno queda muy lejos de la petición de la defensa de Dolores Vázquez, ejercida por el letrado Pedro Apalategui. Este penalista, uno de los más prestigiosos de Málaga, solicitó hace año y medio al Estado una indemnización de cuatro millones de euros. Sin embargo, a pesar de que la indemnización fijada por Justicia es muy inferior a la reclamada, Apalategui está satisfecho. En declaraciones al diario Sur, el abogado considera que "lo importante es que el Ministerio fija ya una cuantía económica porque reconoce el error, que ha habido un anormal funcionamiento de la administración de Justicia y que está legitimado para pagar".

Dolores Vázquez fue detenida el 7 de septiembre de 2000 por la Guardia Civil acusada del asesinato de Rocío, cuyo cadáver fue hallado en noviembre de 1999 tras más de tres semanas de desaparición. Tras una declaración de más de doce horas, en la que siempre se declaró inocente, Vázquez fue enviada a prisión. La principal prueba aportada por el fiscal, y que después se demostró falsa, eran unas fibras de tejido encontradas en el cadáver de la joven. El 25 de septiembre de 2001, Vázquez, amiga íntima de la madre de Rocío, Alicia Hornos, fue condenada a 15 años de cárcel y 18 millones de pesetas (108.000 euros) por el asesinato de la joven. La telebasura explotó los aspectos más morbosos del juicio, uno de cuyos principales testimonios lo dio una vidente.

En febrero de 2002, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordenó repetir el juicio porque ni el veredicto de culpabilidad del jurado ni la sentencia estaban "suficientemente motivados". Vázquez abandonó Alhaurín el 8 de febrero de 2002, pero la sombra de la sospecha no comenzó a elevarse hasta agosto de 2003, cuando fue detenido el ciudadano británico Tony Alexander King, acusado de la muerte de la menor de Coín Sonia Carabantes. En el lugar de este crimen se recogió ADN de King en una colilla que coincidía con el material genético hallado bajo las uñas del cadáver de Rocío.

A pesar de esto, el Consejo General del Poder Judicial se negó el pasado diciembre a admitir que Vázquez ha sido víctima de un error imputable a la Justicia, y cargó la responsabilidad en el hecho de que Policía Nacional y Guardia Civil no cuentan con una base de datos común.