Trillo se acoge al privilegio de testificar por escrito ante el juez del 'caso Yak-42'

Casi cinco años después del accidente del Yak-42 en Trebisonda (Turquía) que costó la vida a 62 militares españoles en su viaje de vuelta a España desde Afganistán, el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa tendrá que comparecer ante el juez que investiga las irregularidades de rodearon la contratación del avión. Sin embargo, los abogados de las familias de las víctimas no podrán pedirle aclaraciones. El ex ministro adelantó ayer a Europa Press que se acogerá a su derecho a declarar por escrito para ser "plenamente riguroso y exhaustivo". Trillo-Figueroa renunció a este privilegio y acudió a declarar personalmente en 2001, siendo ministro de Defensa y diputado, en el juicio de los fondos reservados, contra ex altos cargos del Gobierno socialista.

El juez Fernando Grande-Marlaska ha reabierto el caso por orden de la Audiencia Nacional y ha citado a 11 testigos, entre los que también se encuentra el sucesor de Trillo al frente del ministerio, el socialista José Bono, que impulsó la investigación interna sobre la catástrofe. Bono ha anunciado que renuncia al privilegio de declarar por escrito y acudirá personalmente a testificar. En un auto difundido ayer, Marlaska escribe que "es notorio que [Bono] es militante del PSOE", por lo que lo cita a través de la sede central de dicho partido. A Trillo, que es militante del PP, lo convoca en cambio a través del Congreso.

En aplicación del auto dictado el pasado día 22 por la Sección Cuarta de la Audiencia, que le propinó un severo varapalo al anular el archivo del caso y ordenarle investigar, el juez Marlaska ha citado a otros nueve testigos -cinco militares y cuatro civiles- para los días 13 y 14 de febrero. Hasta ahora, en cuatro años y medio de investigación, sólo tres habían sido citados.

Entre los militares llamados figuran el ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra Luis Alejandre, el ex jefe del Estado Mayor Conjunto Juan Luis Ibarreta y el máximo responsable del mando Aéreo de Levante. También acudirá el diplomático Javier Jiménez-Ugarte, ex secretario general de Política Defensa y número tres de Trillo.

Una de las comparecencias más esperadas será la del teniente coronel Javier Marino, autor del informe del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército (CISET) que advertía un mes antes del accidente del Yak: "Se están corriendo altos riesgos al transportar a personal en aviones de carga de la antigua URSS".

El general Alejandre, relevado por Bono junto a los demás miembros de la cúpula militar cuando concluyó la investigación interna, será preguntado por este informe, al igual que por las 14 quejas elevadas por los soldados que volaban en este tipo de aviones.

El responsable del Mando Aéreo de Levante -no está claro si se refiere al entonces jefe del mismo, Manuel Estellés, o al jefe de su Estado Mayor, Carlos Arruche- será preguntado por un informe que, tres meses antes del siniestro, alertaba sobre la "falta de seguridad" de estos vuelos y que supuestamente se extravió. El juez ha librado sendos oficios a Defensa y a la agencia NAMSA de la OTAN, a través de la cual se contrató el Yak-42, para pedirles informes.

La instrucción judicial toma así velocidad de crucero. Fuentes jurídicas temen, sin embargo, que sea demasiado tarde. El próximo 26 de mayo se cumplirán cinco años de la catástrofe y podría prescribir la responsabilidad de los que no hayan sido objeto de acusados esa fecha.