"¡Victoria! El juicio no se para"

"¡Victoria! El juez dice que el juicio no se para". La exclamación de Enrique Rodes, presidente de la asociación de afectados por la quiebra fraudulenta de la Caja de Crédito de Alcoi, fue acogida con alivio por el medio centenar de concentrados ante las puertas de la Audiencia de Alicante, donde ayer, 14 años después, comenzó la vista oral por estos hechos. La petición de un aplazamiento fue planteada por las defensas en el arranque del juicio para examinar con detalle una prueba documental (un voluminoso informe del comisario de la quiebra) remitido por el juzgado instructor a la Audiencia el pasado día 14. Los letrados de los acusados alegaron que el documento lo recibieron el lunes.

El presidente del tribunal, la sección 3ª de la Audiencia de Alicante, rechazó la petición y acordó seguir la celebración de la vista oral de acuerdo con el calendario prefijado: 12 sesiones divididas en tres días a la semana, hasta el próximo día 14 de febrero. El resto de la primera sesión del juicio se consumió con otra serie de cuestiones preliminares planteadas por las partes. El interrogatorio a los acusados comienza hoy.

El arranque de la vista oral fue seguido por medio centenar de afectados que se concentraron ante la sede de la Audiencia de Alicante, con pancartas con leyendas como Queremos nuestro dinero y Queremos una sentencia ejemplar. Los ex clientes de la entidad recibieron con una sonora pitada la llegada de los acusados a la sala de vista. Los comentarios de los afectados eran unánimes: "Queremos justicia y que se nos devuelva nuestro dinero", señaló Antonio García (74 años), que perdió 6.000 euros con la quiebra. "Que se nos devuelva nuestro dinero. Es lo lógico. Yo ingresé cinco millones de pesetas por la venta de una casa y a los dos días me dijeron que el dinero había desaparecido", añadió Purificación Payá, de 78 años.

La ilegal suspensión de pagos de la entidad afectó a unos 1.500 clientes que reclaman un total de 3,5 millones de euros. En el banquillo de los acusados se sientan 11 ex directivos de la caja -entre ellos el ex director general, Jesús Llopis- que se enfrentan a penas de seis años de cárcel por los delitos de insolvencia punible, societario y apropiación indebida. En su escrito de calificación inicial, el fiscal sostiene que entre 1991 y 1994 los dirigentes de la caja procesados "autorizaron y aprobaron una serie de préstamos que supusieron un quebranto para la buena marcha de la caja, puesto que entrañaban un altísimo grado de morosidad al concederse sin las debidas garantías que, además, al resultar impagados, en lugar de ser reclamados eran renovados". El consejo rector de la entidad se limitaba a ratificar las operaciones sin "exigir mayores explicaciones", puntualiza el escrito del ministerio público.

El proceso por la quiebra de la Caja de Alcoi es uno de los más prolijos de la historia de la judicatura de Alicante, tanto por la dilación de la instrucción (14 años y medio) como por el número de acusados y testigos (cerca de 50 personas, en total).