"Vienen muchos extranjeros a delinquir, porque es muy barato"

Esperanza Aguirre volvió ayer a la carga contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Esta vez el escenario fue un desayuno informativo de Europa Press, pero el tono fue el mismo que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha mantenido durante la última legislatura. Aunque insistió en el manido discurso de que el presidente "asfixia" a Madrid, gran parte de su artillería la lanzó contra el ministro de Interior, Alfredo Pérez-Rubalcaba, al que acusó de no atajar la inseguridad que asegura que sufre la región. "Vienen muchos extranjeros a delinquir, porque es muy barato delinquir en España", aseveró la presidenta regional, que no aportó ningún tipo de dato para sustentar su tesis.

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A partir de ahí, Aguirre abundó en un discurso alarmista, pues tachó de "vergüenza" que "las plantillas de la Guardia Civil en Madrid no estén cubiertas, que los ciudadanos estén desprotegidos y que las mafias internacionales estén haciendo que poblaciones enteras estén atemorizadas". A ello agregó que el violento asaltó que sufrió en diciembre en su casa el empresario José Luis Moreno, en el que fue brutalmente apaleado, "está ocurriendo todos los días". Por eso, recalcó, "el Partido Socialista debería dejarse de hacer buenismo y preocuparse por la seguridad".

Sin embargo, las estadísticas no avalan las tesis de Esperanza Aguirre sobre inseguridad. Si se tienen en cuenta los datos de los juzgados de Madrid -que suelen ser más ajustados a la realidad, porque incluyen las denuncias y atestados presentados ante la policía y la Guardia Civil, los juzgados de paz y los informes que los médicos de urgencias remiten a los jueces cuando advierten lesiones fruto de delitos-, los robos con violencia han descendido el 2,8%. En 2007 hubo 28.163, mientras que el año anterior, 28.975. En cambio los robos con fuerza en las cosas (los que no se ejerce violencia contra las personas) y los hurtos aumentaron el 16%. De 63.747 pasaron a 73.648 en un año. Ninguna de estas estadísticas desagrega a los delincuentes en razón de su origen.

En los 11 primeros meses de 2007 (últimas cifras proporcionadas), en el territorio de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, que incluye la capital y los grandes municipios, las denuncias subieron sólo el 1,6% respecto al año anterior. Además, los delitos que más sensación de inseguridad provocan (contra el patrimonio o los robos en sentido amplio) han descendido alrededor del 1%.

Lo que obvió ayer Esperanza Aguirre al acusar a Rubalcaba de aplicar una política poco firme a los extranjeros que delinquen es que la última modificación de la normativa penal que les afecta la hizo el último Gobierno de José María Aznar, del PP (2000-2004). Entonces era ministro de Interior Mariano Rajoy, que fue el inspirador de la modificación, al advertir que algunos de los extranjeros que estaban detenidos entonces (junio de 2001) acumulaban hasta 100 arrestos.

La reforma fue introducida en 2003 a través de los artículos 89 y 108 del Código Penal. En ellos se establece que los extranjeros irregulares con sentencias inferiores a seis años son expulsados automáticamente del país. No sólo se ha revelado como una medida poco eficaz en la lucha contra la delincuencia, sino que la ha desautorizado el Tribunal Supremo, que considera que se produce desigualdad de trato, ya que el español condenado por el mismo hecho cumple pena de cárcel, mientras que el extranjero queda en libertad.

Además, es difícil controlar que el inmigrante condenado, que ya es irregular, no regrese a España en los siguientes 10 años como marcan los mismos artículos del Código Penal.

El Consejo de Ministros ha llegado a aprobar en esta legislatura un proyecto de ley para derogar los artículos que contemplan la expulsión automática, pero no se ha aprobado en el Congreso de los Diputados.

Los extranjeros expulsados del territorio nacional por una sentencia judicial fueron 1.177 el año pasado, según el Ministerio de Interior.

La presidenta no se olvidó de recordar cuál ha sido su granito de arena en esta cuestión y recordó que ha financiado la creación de un cuerpo policial, las Bescam, con 2.500 policías, en colaboración con un gran número de ayuntamientos. "En vez de meterse en los asuntos internos del PP, Rubalcaba debería garantizar la seguridad ciudadana en Madrid", puntualizó.

También hubo lugar para la promesa electoral, pues Aguirre anunció que, si el PP gana los comicios de marzo, la seguridad "va a ser una de las principales preocupaciones" de su futuro gobierno y anunció las reformas del Código Penal, la normativa procesal y el régimen penitenciario para garantizarla.

Aguirre no sólo habló de seguridad. Tuvo tiempo de hacer un breve balance de la situación de la región, con cifras victoriosas, y respondió a una treintena de preguntas, la mayoría relacionadas con sus cuitas con el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. Se mostró convencida de que el alcalde no va a dejar la política.

Entre el resto, destacó que pondría "la mano en el fuego" por su vicepresidente de Transportes, Luis Armada, citado a declarar como imputado en el caso Guateque, la trama de corrupción en la concesión de licencias del Ayuntamiento de Madrid. "Se le acusa de hacer unas obras en el sótano de su casa, con goteras", ironizó la presidenta.

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