Paisajes robados

Están de enhorabuena los ladrones de paisajes. Una vez puesta en marcha la "normalización urbanística" de Marbella, ese eufemismo que encubre la legalización de casi todo lo construido de forma irregular, se abre paso otro proceso normalizador. Ahora el judicial. La Fiscalía y las defensas de los ex concejales del GIL, inmersos en más de 70 causas por conceder licencias ilegales, van a cerrar un pacto para que las múltiples causas pendientes no atasquen los juzgados. El asunto es fácil de explicar y parte de una premisa esencial, la de considerar que todas las causas son "delitos conexos" y tienen un límite de cumplimiento de condena, el triple de la pena mayor que se imponga. Lo explico con un ejemplo: Julián Muñoz, el ex alcalde marbellí, tiene pendientes medio centenar de causas por las que debe ser juzgado, pero el artículo 76 del Código Penal establece que cuando una persona comete dos o más delitos entre los que hay conexión, el máximo de cumplimiento de las condenas "no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más graves de las penas en que haya incurrido". Por ello, a partir de la tercera condena, a Julián Muñoz los desmanes urbanísticos cometidos le saldrían gratis.

La Fiscalía, consciente de que la iniciativa no está exenta de polémica, ha advertido de que el acuerdo se limitaría a las causas abiertas por la concesión de licencias ilegales y no afectará a otros delitos urbanísticos, como la firma de convenios irregulares o el propio caso Malaya, que investiga la trama de corrupción instaurada en el consistorio. Y hasta ahí podríamos llegar, habría que decirle a la Fiscalía. A resultas del acuerdo, las defensas de los ex concejales asumirían las penas solicitadas en cada causa individual y, a cambio de ello, el ministerio público rebajará las peticiones de prisión de los ediles, que en cualquier caso sólo pueden ser de un máximo de 24 meses. A efectos prácticos, se evitarían celebrar múltiples vistas orales y los condenados, como máximo, acumularían penas de seis años. A efectos reales, las penas serán menores, ya que el compromiso de la Fiscalía es rebajar la condena a cambio de la aceptación de la pena.

Jurídicamente no hay nada que objetar. Es más, la celebración de los juicios no garantizaría penas mayores, dilataría los procesos, colapsaría los juzgados y tendría un enorme coste para la administración de Justicia. Entonces, el problema de que el acuerdo rechine por todos lados y que los desmanes urbanísticos de los gobiernos gilistas vayan a acabar con penas casi ridículas, habrá que buscarlo en otro sitio. El pasado mes de diciembre el Grupo de Estudios de Política Criminal, un colectivo integrado por 200 fiscales, jueces y catedráticos de Derecho Penal, elaboró un manifiesto proponiendo a las administraciones que actúen con mano dura frente a la corrupción urbanística. En este foro reprocharon que ni el Estado ni las autonomías ni los ayuntamientos ni los jueces ni los fiscales son todavía eficaces para combatir este creciente problema, por ello pidieron medidas ejemplarizantes. De un lado, la demolición de edificios ilegales. De otro, el endurecimiento de las penas para los delitos relacionados con este fenómeno.

De momento, en Marbella los dos procesos de normalización puestos en marcha -tanto el urbanístico como el jurídico- están lejos de estas propuestas y van dejando cierta sensación de impunidad que tiene poco de ejemplarizante. Hay, además, una normalidad que han olvidado todos: cómo se devuelve el paisaje robado. Quién restituye la playa o repone los árboles perdidos. Y otro olvido no menor, esta vez en el Código Penal, qué condenas se contemplan para cuando los delitos de medio ambiente afectan al ambiente entero.