El TSJA aplaza las demoliciones hasta que se apruebe el PGOU de Marbella

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha decidido aplazar los derribos de algunas construcciones ilegales de Marbella hasta que la ciudad tenga un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La decisión, incluida en un auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo fechado el 11 de enero, se toma con respecto a una nave industrial que ocupa una zona de equipamiento, pero sienta precedente sobre la opinión del alto tribunal andaluz para los casos en los que se le reclame ejecuciones de sentencia por licencias de obra que han sido declaradas nulas.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP) ha recibido la noticia como una "vuelta al sentido común" y se ha felicitado porque supondrá "un gran alivio" para los propietarios del millar de viviendas ilegales que ya tienen una sentencia en su contra. El PSOE marbellí, en la oposición, también aplaude la decisión, aunque ha recriminado a la regidora que se atribuya el mérito afirmando que el PP ha sido "el único partido que ha defendido esta postura".

Muñoz siempre se ha mostrado en contra de los derribos y partidaria de posponer la revisión de unos 1.000 expedientes de licencias urbanísticas y acuerdos adoptados por el GIL entre 1991 y 2006 hasta que el documento se apruebe definitivamente. Además del auto de la nave industrial, el Ayuntamiento marbellí dice haber recibido otros dos escritos en los que el TSJA pospone la demolición seis viviendas y un bloque de inmuebles en la barriada del Trapiche. El alto tribunal todavía debe decidir sobre otras 38 resoluciones judiciales cuya ejecución ha sido solicitada por la Junta de Andalucía.

A pesar de que los escritos judiciales no descartan las demoliciones, sino que las aplazan, la Plataforma contra los derribos de Marbella, formada por propietarios de las viviendas afectadas, vive la decisión como un triunfo que les concede un poco más de tiempo para encontrar una hueco dentro del Plan General. El documento, tal y como fue redactado por la Junta, establece un sistema de compensaciones que permite regularizar 18.000 viviendas aportando terrenos para crear las zonas verdes y equipamientos escatimados a la ciudad durante 15 años, y deja fuera de ordenación 752 viviendas y dos hoteles.

El Ayuntamiento tiene ahora plena competencia sobre el texto y puede introducir cambios antes de la aprobaciópn provisional del documento, aunque el visto bueno definitivo compete a la Junta.

En el caso de la nave industrial La Juanita, la Junta pedía que se ejecutara la sentencia ordenando la demolición de un muro de contención y del almacén, propiedad del concejal de Medio Ambiente del PP Antonio Espada, aunque después modifica su postura y acuerda que sería mejor esperar a que se apruebe el PGOU.

Este cambio de opinión vino propiciado por un informe que la Comisión Gestora envió al TSJA en el que solicitaba que se aplazara la demolición hasta la revisión de los actos y acuerdos que dieron lugar a esta licencia en el nuevo Plan General. El tribunal pidió al equipo redactor del PGOU que le dijera cómo quedaba la nave en el nuevo documento y le informaron que aparecía como suelo no urbanizable, destinado al cementerio de Marbella, por lo que está previsto que en un futuro el Ayuntamiento expropie esos terrenos.

"La Junta modifica su planteamiento y, de acuerdo con el Ayuntamiento demandado y con fundamento en el informe emitido por el equipo redactor del Plan, solicita que se aplace la ejecución de la demolición hasta que se apruebe definitivamente el Plan General en tramitación", recoge el escrito judicial.