Las haciendas alegan defectos de forma para no devolver las ayudas

Las empresas vascas que se beneficiaron de las vacaciones fiscales se hallan en pleno proceso de devolución de los incentivos que recibieron. Todos los implicados han mantenido siempre en el mayor de los secretos el número exacto de los beneficiados y el monto de las ayudas. Se sospecha que los incentivos de 1993 y los de 1996 podrían alcanzar a 300 empresas por unos 1.600 millones de euros. De todos, el incentivo más importante es, sin duda, el crédito fiscal del 45%, que analiza hoy el tribunal. La patronal Confebask ha llevado hasta las últimas consecuencias su propósito de no hacer público el nombre de los empresarios afectados. Sin embargo, su abogado, M. Araujo, al que acompañaba el secretario general de los empresarios, José Guillermo Zubía, tuvo ayer que aceptar un cambio de postura.

Tanto la Comisión como el Gobierno de La Rioja cuestionaron la legitimidad de la patronal para ser parte en el proceso. Basaron su tesis en que no habían aportado al tribunal datos de empresas beneficiadas por los incentivos que fuesen al mismo tiempo miembros de Confebask. No le bastaron las palabras al tribunal, que requirió a los empresarios para que presenten en ocho días desde mañana una lista con tantas empresas como casos en litigio (tres) y territorios (otros tres). Esa información se incluirá en el procedimiento y la patronal podrá seguir en él.

Confianza

Araujo planteó una defensa distinta a la de las instituciones vascas, pero con el mismo objetivo: no tener que devolver las ayudas. El abogado de los empresarios citó la confianza legítima como elemento clave por el cual las empresas que se acogieron a las ayudas no tendrían que devolverla. Esta misma tesis fue citada más circunstancialmente el letrado de las instituciones.

En una exposición corta y concisa, el letrado de Confebask argumentó que ninguna empresa "podía haber previsto jamás que las ayudas iban a ser consideradas de Estado". Incluso si se admitiese esta premisa, alegó el principio de seguridad jurídica para el administrado para que no se aplique. Araujo usó el argumento del abogado de la Comisión, F. Castillo de la Torre, sobre las dudas de la Comisión Europea al realizar las diligencias previas para asegurar que si el propio Ejecutivo comunitario dudaba en esa época de si eran o no ayudas de Estado cómo se puede pretender que los empresarios se lo planteasen siquiera.

La Comisión y los empresarios pidieron al tribunal que decida si hay que devolver las ayudas o no para que no haya que pleitear ante la jurisdicción nacional caso a caso su decisión.

- Durante tres días, el Tribunal de Primera Instancia de la UE analiza tres incentivos fiscales a la inversión de los noventa. Se acumulan los expedientes de las tres diputaciones.

- Tres vistas:

- 15 de febrero. Vacaciones fiscales. Aprobadas en 1993 y en vigor durante dos años, implicaban una exención del Impuesto de Sociedades durante una década para las empresas nuevas que invirtiesen más de 80 millones de pesetas (480.810 euros) y crearan al menos 10 empleos.

- 16 de febrero. Crédito fiscal del 45%. Aprobado en 1996, permitía recuperar el 45% de las inversiones que superasen los 15 millones de euros.

- 17 de febrero. Minivacaciones fiscales. Aprobadas en 1996, establecieron deducciones sucesivas a las nuevas empresas del 99%, 75%, 50% y 25% desde el primer año con beneficios.

- Actores en el juicio:

- El tribunal está formado por un juez presidente, un juez ponente del caso y otros tres magistrados. Las tres vistas supone la fase de juicio oral tras la instrucción. El procedimiento se abre al presentarse una demanda.

- Demandantes: Las tres diputaciones y el Gobierno vasco. Se suma como parte interesada Confebask.

- Demandados: La Comisión Europea, como impulsora de un procedimiento de sanción que se cierra con la obligación de devolver las ayudas. El Gobierno de La Rioja se suma como impulsor del procedimiento.