Freno a los cayucos

El despliegue diplomático en Senegal y otros países del África subsahariana ha dado sus frutos: si en 2006 fueron interceptados en las costas canarias 31.836 inmigrantes llegados en cayucos, en 2007 este flujo se ha reducido hasta 12.461, según recoge el balance anual sobre inmigración presentado esta semana por el Ministerio de Interior. El balance nada dice, sin embargo, sobre el número de ahogados o desaparecidos. Es de suponer que también haya disminuido al ser menor el número de intentos; pero al partir de lugares más distantes, los riesgos asumidos son ahora mayores.

El control de fronteras es un eje básico de toda política migratoria seria. Es coherente con esa política el empeño español en reforzar los lazos diplomáticos y económicos, así como la colaboración policial, con los países africanos de donde parte ese flujo migratorio. Este despliegue, que incluye la creación de nuevas embajadas, aumento de la ayuda económica y actuación in situ de agentes españoles que colaboran con los del país en la persecución de las mafias de traficantes y en el patrullaje de las costas, ha permitido algo hasta ahora insólito: que acepten la repatriación de sus nacionales. Cada vez se devuelven más inmigrantes irregulares a sus países de origen -el 92% de los interceptados, según cifras oficiales-, aunque cunde la estratagema de enviar a menores, cuya repatriación es mucho más complicada.

La gestión del fenómeno migratorio ha mejorado notablemente tanto en lo referente a los mecanismos favorecedores de la inmigración legal (régimen general, contratos en origen y cupo anual de mano de obra extrajera) como a los que obstaculizan la irregular: vigilancia de fronteras y convenios de repatriación, principalmente.

Lo uno implica lo otro, como la regularización de 2005 implicaba una política seria de control y devoluciones. Por eso resulta desfasada la insistencia de la crítica del PP basada en viejos clichés tipo efecto llamada o papeles para todos. Sarkozy, tan crítico en su momento con la regularización de 600.000 extranjeros en España, reconoce ahora su necesidad. Pero esa mejor gestión no ha resuelto problemas como el control del empleo ilegal, fuente de maltrato a la persona y refugio de la inmigración irregular.