Seguridad a dos bandas

Hace falta tener arrojo para ocuparse de seis hijos, presidir la compañía Seguriber con 3.000 empleados y utilizar una moto para desplazarse entre la vorágine de Madrid. Mónica de Oriol e Icaza, de 46 años, lo tiene. Y además disfruta de un despacho con la mejor vista de la capital. Una de sus cuatro paredes es completamente acristalada y mira a la catedral de la Almudena, la plaza de La Armería y el Palacio Real.

En las últimas semanas se ha enfrentado a un problema derivado de la adquisición de Alartec, una empresa puntera en el desarrollo de la televigilancia, para la que ha contado con la asesoría de Socios Financieros y el bufete Araoz & Rueda. La mayoría del personal trabaja en su entorno, en pleno corazón de Madrid, se resiste a cambiar su habitual sede laboral por el nuevo emplazamiento de la empresa fusionada, situado en Alcobendas, al norte de Madrid. Una madre de seis hijos como ella (consejera también de Indra) no se esperaba que un cambio de sede alteraría los planes de conciliación familiar de muchos de sus empleados.

La demanda de 20.000 vigilantes para el sector de la seguridad no se podrá cubrir hasta que el Gobierno no autorice contratar a inmigrantes

A los 3.000 empleados que dirigía hasta ahora, repartidos en distintas empresas de servicios como jardinería, limpieza y vigilancia, se suman ahora los más de 200 procedentes de Alartec. Dos o tres centenares más de personas en plantilla no es un problema para esta dinámica directiva. A su empresa le faltaba un elemento primordial para el sector de la seguridad y vigilancia de viviendas e instalaciones; el desarrollo tecnológico. Alarcet cubre ese vacío en un momento delicado para el sector.

20.000 empleos por cubrir

El Ministerio del Interior está cansado de que el 90% de las alarmas que se trasladan a las comisarías sean "falsas" y ha comenzado a imponer fuertes sanciones por el incorrecto funcionamiento de unos sistemas de vigilancia que se venden como si fueran eficientes. No está dispuesto a más desplazamientos en falso de sus dotaciones de policía.

Con la absorción de Alartec -que aporta centrales receptoras de alarmas con conexiones múltiples de última generación, localización de vehículos y personas a través de GPS y GSM y televigilancia IP-Wi Fi-, Mónica de Oriol cree que la nueva Seguriber está en condiciones de codearse con las grandes. Ella misma está asombrada del alcance de la nueva tecnología y exhibe desde su teléfono móvil imágenes nítidas en directo de varias estancias de su propia casa o las oficinas de Alcobendas.

La incorporación de Alartec permite a Seguriber introducirse en el segmento de mayor crecimiento del sector en España y Portugal, el mercado de la televigilancia que, a pesar de registrar tasas anuales del 20%, en España existe todavía mucho margen de progresión si se compara con el resto de Europa. A falta del cierre definitivo de las cuentas, Mónica de Oriol confiaba en cerrar 2007 con una facturación global de 90 millones de euros y seis millones de beneficios, antes de impuestos y amortizaciones.

A falta de completar el encaje de las dos plantillas, lo que más preocupa a la presidenta de Seguriber es la angustiosa falta de personal. "El sector", dice, "demanda 20.000 puestos de trabajo que no podrá cubrir mientras el Gobierno no autorice la contratación de inmigrantes".

Poco antes de dar por concluida la actual legislatura, la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una proposición no de ley del grupo nacionalista catalán CiU en la que se instaba al Gobierno a modificar el marco legal vigente que excluye a los extranjeros no comunitarios para trabajar como personal de seguridad privada. Mónica de Oriol estima que esa exclusión carece de sentido, toda vez que el Ejército español admite en sus filas a inmigrantes de esas mismas características. El sector no cubre con personal español la fuerte demanda de puestos de trabajo. Tendrá que esperar a la próxima legislatura.