La UE vigilará el contenido de las televisiones públicas

La Comisión Europea se propone modificar el marco de financiación de la radiotelevisión pública por considerar que el vigente desde 2001 ofrece margen de mejora, entre otras cosas para definir más claramente qué es servicio público y limitar el uso de fondos públicos al estricto cumplimiento de esa misión.

Se trata de excluir generosidades excesivas con cargo al erario público y la posible financiación con dineros oficiales de actividades comerciales. El proceso que ahora se abre culminará con la propuesta de un nuevo juego de reglas en la primera mitad del año próximo.

Neelie Kroes, la comisaria de Competencia, anunció ayer la apertura de consultas con las partes interesadas sobre el modo de mejorar la normativa actual para ampliar la transparencia y la seguridad jurídica, así como para ver cómo los servicios públicos de información pueden mejorar su misión en un entorno mediático radicalmente modificado por las nuevas tecnologías.

En algunos países, como España, no hay una clara delimitación de lo que son programas de utilidad pública y cuáles son netamente comerciales. La ausencia de un marco general ha llevado a determinados operadores a considerar, por ejemplo, a las retransmisiones taurinas como un servicio público.

Quejas y aclaraciones

El vigente sistema comenzó a funcionar con el siglo y ha servido para valorar las nutridas quejas planteadas por medios privados contra los regímenes de financiación de los medios públicos aplicados en distintos países.

En una veintena de ocasiones, el Ejecutivo comunitario se ha visto en la necesidad de realizar aclaraciones o imponer cambios en el modo en que se financian los medios públicos, con intervenciones en países como España, Francia o Alemania. La Comisión viene a decir que, visto lo visto, el sistema reclama serios retoques.

Kroes apunta que el derecho comunitario y el tratado de Amsterdam establecen, entre otros principios, el reconocimiento del derecho de los distintos Estados a definir en qué consisten los contenidos de servicio público, derecho debidamente tutelado por una Comisión que debe velar por el mantenimiento de la competencia. "Eso supone que es necesario definir claramente cuál es la misión del servicio público y limitar las ayudas de Estado a lo necesario para el cumplimento de esa misión, dejando fuera la compensación excesiva y la posible subvención de actividades comerciales", deja meridianamente claro Kroes.

La comisaria se dice muy interesada por discutir sobre las implicaciones que sobre los medios públicos van a tener los cambios en el modo de emitir contenidos audiovisuales y la aparición de nuevos servicios de información.