Marbella legalizará de una tacada casi 1.000 comercios sin licencia

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) se ha dado un mes para comenzar a regularizar los cerca de 1.000 comercios que funcionan sin licencia municipal porque se encuentran en edificios ilegales. El equipo jurídico está elaborando una normativa que permita conceder permisos de apertura provisionales que adquirirán firmeza una vez que se apruebe el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en el que se contempla la regularización de muchos de estos edificios a cambio de compensaciones a la ciudad.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP), anunció ayer que quiere aprobarlo antes de que finalice enero. "Estamos estudiando cuál es la mejor manera para desbloquear esta situación. No es fácil porque hay muchas irregularidades en alguno de los edificios y por lo tanto de los comercios", explicó.

La gestora renunció a regularizar las tiendas por las dificultades legales

La Comisión Gestora ya trató de conceder licencias provisionales a 600 de estos comercios hace un año, pero no sacó la medida adelante por la dificultad para obtener fórmulas que se ajustaran a la legalidad.

La medida anunciada por Muñoz pretende dar un poco de tranquilidad a un sector que ha tocado fondo tras una crisis que dura ya tres años. Sólo en la primera quincena de enero está previsto que echen el cierre 123 pequeños comercios de la ciudad. Según el presidente de Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Marbella (Apymen) la regularización provisional de estos negocios afectará "de forma indirecta" a unas 3.000 personas.

La regularización de los edificios ilegales, mediante el sistema de compensaciones establecido en el plan general, condiciona directamente la legalización de estos comercios. "Si un local no tiene permiso de primera ocupación, porque Urbanismo no lo ha concedido, difícilmente se podrá una licencia comercial", explican técnicos consultados.

Entre los negocios que carecen de licencia se encuentran seis hoteles construidos sobre suelos catalogados para otros usos o que sufren un exceso de edificabilidad como el Guadalpín Marbella y Banús, dos establecimientos de cinco estrellas que posee en la ciudad la inmobiliaria Aifos, cuyos principales directivos están imputados por cohecho en el caso Malaya.

La revisión de los permisos también afecta a varios locales del centro comercial La Cañada, propiedad del empresario Tomás Olivo, también imputado en la trama de corrupción marbellí, y cerca de 40 negocios del centro comercial Plaza del Mar, en pleno paseo marítimo de Marbella, además de oficinas, guarderías o bares.

La regularización de algunos de estos negocios acarreó un enfrentamiento entre el responsable de comercio e industria de la gestora marbellí, el socialista Fidel Fernández Nieto, y Ángeles Muñoz, cuando ésta era candidata a la alcaldía.

Muñoz anunció que suspendería los expedientes de revisión a locales y comercios en su primer pleno como regidora y el vocal de industria mantuvo que esta medida sería ilegal. "Como regidora nunca va a tener esta potestad porque la norma establece claramente que los actos administrativos se anulan mediante las correspondientes revisiones de oficio, motivadas y con informes preceptivos del Consejo Consultivo", dijo Fernández Nieto.

En mayo de 2007 la comisión gestora trató de conceder autorizaciones de apertura de carácter transitorio hasta que el Plan General pudiera resolver la situación. "Desgraciadamente la legislación no contempla situaciones como la existente en Marbella y no se ha podido encontrar ningún resquicio para aplicar", se excusó entonces el vocal responsable del área.