Reportaje:

Feministas contra el odio

Juristas y asociaciones de mujeres defienden a una madre de O Grove a la que retiraron la custodia de su hija por el 'síndrome de alienación parental'

Cada hora, una pareja se rompe en Galicia. En 2006 fueron un total de 8.673 (sumando nulidades, divorcios y separaciones). En un 51,3% de los casos había hijos menores de por medio, según datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística. Con este panorama, una polémica figura toma cada vez más protagonismo en los juzgados, el denominado síndrome de alienación parental (SAP). Un arma de doble filo que pone la guinda a divorcios destructivos que los hijos viven de forma traumática.

El SAP alude al lavado de cerebro que uno de los progenitores, el que tiene la custodia, traslada al niño consiguiendo que éste haga suyo el rechazo hacia el otro, habitualmente el padre ya que son las madres las que suelen retener la patria potestad.

El juez ha ampliado el internamiento de la niña hasta el próximo mayo
"Este mal llamado síndrome es un invento contra las mujeres"

El SAP ha levantado ampollas entre algunos sectores de la judicatura y la sanidad que deslegitiman una patología no reconocida por la Organización Mundial de la Salud y que es utilizada como fundamento jurídico para retirar la tutela, por ser considerada una forma de abuso. Es el caso de Ana Porto, una vecina de O Grove a la que un juzgado de Cambados, basándose en este síndrome, retiró la custodia de su hija de 10 años, T.P.P., y decretó su ingreso en un centro de acogida, donde la pequeña convive con otros niños víctimas de maltrato y abusos. La sentencia prohíbe toda vía de comunicación (postal, telefónica y personal) con la madre y su entorno, en el que la pequeña ha crecido junto a sus dos hermanos (de un matrimonio anterior) y a los abuelos. La familia materna considera la medida "una aberración".

El juez acaba de prorrogar el internamiento hasta mayo de 2008, siguiendo las indicaciones de los psicólogos judiciales, con el fin de proseguir lo que se llama proceso de "desprogramación", que pretende facilitar la relación con el padre biológico. La niña no lo veía desde 2004, pero ahora es el único que tiene derecho a visitarla, incluso durante las fiestas navideñas. A pesar de que los informes de los psicólogos certifican la integración de la niña en el centro y los avances, lentos, en su relación con el padre, Ana Porto está dispuesta a llevar ante la Fiscalía unas cartas que su hija le ha hecho llegar: "Dice que no sabe por qué está castigada, que no entiende nada y me pide que la saque de allí. Ya se las he enseñado al subdirector del Menor de la Xunta porque aquí alguien está mintiendo. Mi hija no está bien y hay otras opciones para continuar con la terapia sin que tenga que seguir en el centro de acogida".

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"Ni siquiera puedo llamar al centro para que me informen de cómo está", lamenta Porto. "Yo nunca le hablé ni bien ni mal de su padre, simplemente no le hablé". Los informes periciales determinan que los padres son personas estables, aptos para la educación de sus hijos y bien integrados en su entorno laboral y social. Sin embargo, el incumplimiento reiterado del régimen de visitas derivó en un cruce de denuncias hasta que el padre reclamó la custodia de la pequeña.

Montserrat Fernández, responsable de la asociación Dones Juristes, que agrupa a 150 profesionales de la judicatura de Barcelona, acaba de entregar a Montserrat Comas, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y vocal del Consejo General del Poder Judicial, un documento en contra del SAP respaldado por las firmas de 30 organizaciones españolas de juristas y de 70 médicos. "Este mal llamado síndrome es un invento utilizado en un momento de protección para las mujeres para que dejen de exigir ciertas cosas y acepten, por ejemplo, pensiones miserables", explica Fernández, quien sostiene que al SAP apelan "hombres maltratadores y abusadores" para volver la situación en contra de su ex pareja. Mujeres que "muchas veces son buenas profesionales integradas perfectamente en su entorno" y que se ven obligadas a demostrar que están capacitadas para educar a sus hijos después de que en el momento de la ruptura "no quisieran denunciar a sus ex parejas para salir cuanto antes de aquel infierno". "Una enfermedad mental que no tiene cura la debe diagnosticar un psiquiatra, no un psicólogo", tal y como ahora sucede, apunta Fernández. "Hay que ver las necesidades de los menores y, desde luego, como en este caso de O Grove, sacar a la niña de su entorno puede tener consecuencias demoledoras para ella".

En la parte contraria, son varias las asociaciones de padres divorciados que aludiendo a opiniones de psicólogos y psiquiatras defienden la validez de este síndrome como la única salida para recuperar a los hijos fruto de una relación rota.

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