Unas elecciones únicas

Las elecciones generales del próximo 9 de marzo, las novenas de la democracia, resolverán quién gobierna en España... y algunas cosas más que están fuera de la agenda electoral. De las urnas, además de diputados y senadores, saldrá el partido que dominará el Consejo General del Poder Judicial en los próximos cinco años y la respuesta a la pregunta sobre cómo se resolverán los equilibrios en el Tribunal Constitucional.

Y eso no por casualidad, sino porque el PP ha bloqueado la renovación del Gobierno de los jueces para evitar que los conservadores quedaran en minoría, como procedía en aplicación de la ley, y se ha detenido el proceso para renovar el Constitucional, donde los relevos previstos dejaban al bloque conservador en minoría.

Aprovechándose de la necesidad de mayorías cualificadas que impone la ley para los nombramientos, el PP impidió que sus hombres en organismos constitucionales perdieran poder, y lo consiguió. De la composición de esos dos órganos judiciales -que vendrán determinados por los resultados electorales del 9 de marzo- dependen algunos asuntos de Estado (el Estatuto catalán, la ley del matrimonio de homosexuales, la ley de igualdad, las sanciones a determinados jueces...).

El 9 de marzo será una jornada electoral con valor añadido porque de su resultado depende el futuro de instituciones clave para la democracia y el propio Gobierno de la nación. El año que ahora empieza será definitivo para dilucidar algunas cuestiones que quedaron pendientes tras las elecciones del 14 de marzo de 2004. Éstas son las claves políticas del nuevo ejercicio.

EL FUTURO DE LOS PARTIDOS La gran prueba para Rajoy

El PP se la juega en 2008. Nada será igual en ese partido si el segundo intento de Mariano Rajoy para ser presidente del Gobierno acaba en fracaso. La derrota de Joaquín Almunia frente a Aznar en 2000 llevó al PSOE a una situación de emergencia para reinventarse y de allí surgió Zapatero. Si el PP sigue en la oposición después del 9 de marzo, vivirá una situación parecida: se abrirá la batalla por el poder dentro del partido ante la más que previsible salida de Rajoy y, con él, de todos aquellos que han representado a la dirección en los últimos cuatro años (Acebes y Zaplana, fundamentalmente). En esa batalla anunciada hay dos líderes que, supuestamente, se han retirado a sus destinos privados y no juegan:

-José María Aznar, el ex presidente del Gobierno que eligió a dedo a su sucesor, se ha pluriempleado en asesorías múltiples (inmobiliarias, financieras, mediáticas), en conferencias por todo el mundo y en su trabajo de escritor de ensayos dirigidos a sus partidarios.

-Rodrigo Rato, ex vicepresidente y ex director gerente del FMI, ha optado por la empresa privada y no parece dispuesto al regreso.

En esa tesitura, al PP le quedan aparentemente dos líderes que prometen por sus grandes resultados electorales en Madrid, la joya de la corona del partido conservador. Probablemente sean los dos dirigentes del PP que más se odian entre sí. Eso sí, lo hacen de manera fraternal. Se llaman Alberto Ruiz-Gallardón (con más de 12 años de éxitos electorales a sus espaldas y tantos años o más de fracasos en las batallas internas de su propio partido) y Esperanza Aguirre (que lleva subida al poder autonómico con soltura desde que dos tránsfugas socialistas le dieron una segunda oportunidad y la aprovechó).

La batalla por el poder del PP parece desigual. Aguirre tiene una organización detrás (al menos la de Madrid, que preside) y a los principales medios conservadores de su parte; Ruiz-Gallardón tiene dispersos por España a algunos partidarios de nombre ilustre y cargos institucionales relevantes pero muy pocos militantes dispuestos a confiarle el liderazgo del partido.

La segunda formación política de España afrontará en los próximos días su partida más delicada, la de confeccionar las listas electorales. Rajoy tiene un dilema. Si, como desea, pone a Ruiz-Gallardón en la candidatura, una parte del partido (al menos la organización de Madrid que dirige Esperanza Aguirre, y algunos de los medios de comunicación a los que rinde pleitesía) le harán oposición desde dentro. Si evita el problema interno y no lleva al alcalde en la lista de Madrid, perderá una oportunidad de utilizar una baza electoral ya probada para ayudarle a ganar las elecciones y demostrará debilidad frente a quienes le han presionado contra Ruiz-Gallardón.

En el PSOE, no parece que los resultados de las elecciones puedan modificar mucho su panorama interno. Incluso en el caso de una derrota electoral, la continuidad de Zapatero parece asegurada si él lo desea, aunque algunos atisben la posibilidad de que José Bono, más que probable presidente del Congreso si el PSOE revalida la victoria, pudiera embarcarse en una operación muy arriesgada -en País Vasco y Cataluña no hay mucho aprecio hacia el ex ministro de Defensa- para hacerse con el liderazgo del partido.

Los nacionalismos también juegan el 9 de marzo. En Euskadi, la apuesta soberanista de Ibarretxe, que amenaza con una consulta ilegal de sus planes independentistas para el otoño, también buscará un impulso en los resultados de las elecciones generales. En Cataluña, el último intento de CiU (ya lleva cuatro años en la oposición tras 20 de hegemonía en esa comunidad) pasa por convertirse en imprescindible para la gobernabilidad de España con el menos soberanista Josep Antoni Durán i Lleida.

EL CONSTITUCIONAL Un tercio, en funciones

El Tribunal Constitucional navega medio en funciones con algunas espadas de Damocles colgando desde hace tiempo sobre su cabeza. Un tercio de sus magistrados (entre ellos la propia presidenta del tribunal, la progresista María Emilia Casas) tiene el mandato agotado desde hace casi un mes y su renovación dependerá, algo inédito, de las urnas. Si la renovación se hubiera hecho en plazo, el Tribunal Constitucional encargado de resolver los grandes asuntos pendientes del mandato socialista tendría mayoría progresista (saldrían tres magistrados conservadores y sólo entrarían dos). Pero el bloqueo de esa renovación, debido a la reforma legal que impone un nuevo proceso para la elección de magistrados condicionada a la propuesta de 34 candidatos por parte de las 17 comunidades, mantiene un empate entre el bloque conservador y el bloque progresista que se ha hecho insoportable en los últimos meses.

LA LUCHA CONTRA ETA La ilegalización, preparada

Con la cúpula de Batasuna en la cárcel, con ETA dispuesta a seguir con sus crímenes dentro o fuera de España y con las dos formaciones políticas que no condenan estos métodos en el punto de mira de la Fiscalía General del Estado y del juez Baltasar Garzón, los primeros meses de 2008 serán cruciales para saber cómo evoluciona el mapa político vasco. La Fiscalía y la Abogacía tienen preparados sus escritos para la ilegalización de ANV (337 concejales en Euskadi y otros 100 en Navarra) y del PCTV (siete diputados en el parlamento vasco). Este año saldrán de la cárcel el etarra Iñaki de Juana tras cumplir los tres años de condena por un delito de amenazas, y el líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, que cumple un año. La mayoría de la dirección de Batasuna sigue en prisión provisional.

LOS RECURSOS DEL 11-M En 2008 se cierra el caso

La próxima semana, el Supremo recibirá 29 recursos contra la sentencia del 11-M, que declaraba probado que el atentado de los trenes fue obra de un comando de islamistas radicales sin relación con ETA. A finales de año, según fuentes judiciales, el Supremo habrá dado carpetazo definitivo a la tormentosa historia judicial del atentado, golpeada por decenas de noticias falsas jaleadas por el PP, el partido que gobernaba cuando ocurrieron los atentados. El Supremo deberá dilucidar, entre otras cosas, si el Tribunal que juzgó el 11-M se equivocó al absolver a Rabei Osman, El Egipcio, o si estuvo muy indulgente con algunos de los procesados a los que impuso penas de cárcel muy cortas.

EL JUEZ GÓMEZ BERMÚDEZ El Supremo decide

El próximo 15 de enero se reúne el Supremo para resolver el cuarto recurso que se presenta en un año contra el nombramiento de Javier Gómez Bermúdez al frente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El juez salió disparado a la fama tras el juicio del 11-M, televisado a todo el mundo. Como presidente del tribunal que juzgó el atentado más grave en la historia de España y como ponente de la sentencia, todo el protagonismo de la Justicia se centró en él. Sólo dos meses después de su reválida, su mujer, trabajadora de la administración de justicia, publicó un libro que le dejó expuesto a las críticas de sus compañeros y los ataques furibundos de los medios de comunicación afines al PP, humillados por la sentencia del 11-M que dejaba la teoría de la conspiración, que tanto alimentaron con bulos, enterrada para siempre.

Si el Supremo anula el nombramiento, cosa que ya ha hecho en otras dos ocasiones, la suerte de Gómez Bermúdez será distinta a la de sólo hace unos meses, cuando los vocales conservadores del Poder Judicial, cuya mayoría les permitía nombrar cargos judiciales a su antojo, le consideraban uno de los suyos y volvían a elegirle contra viento y marea. Ahora, la situación ha cambiado y son muchos los vocales conservadores que han dado la espalda a Gómez Bermúdez por dejar fuera de juego en el juicio a los conspiradores, medios afines al PP y diputados populares relevantes que ahora guardan silencio.