Touriño no vota en el Parlamento el dictamen de la Cidade da Cultura

El último pleno del año acabó en desconcierto. En un gesto insólito que tomó por sorpresa a los diputados de los tres grupos políticos gallegos, el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, dejó solo a su grupo parlamentario y al BNG en la votación del pleno de la Cámara que ayer aprobó remitir al fiscal el dictamen de la comisión de investigación de la Cidade da Cultura.

Con el abandono de su escaño, apenas unos segundos antes de la votación, Touriño quiso evidenciar su disconformidad con la decisión de enviar las conclusiones de la comisión de investigación al ministerio fiscal en coherencia con su oposición a la "judicialización de la vida política".

El líder socialista abandonó el hemiciclo segundos antes de la votación

La función del Parlamento no es "judicializar la vida política", explicó

En una rueda de prensa posterior al pleno en la que no admitió preguntas, el presidente recordó que siempre ha mantenido ese criterio, cuando estaba en la oposición y ahora que está al frente del Gobierno. La función del Parlamento, subrayó, es poner "luz y taquígrafos con transparencia y rigor". "Y ahí acaba su función". "El Parlamento está para la política y hay que mantener la división de poderes", concluyó el presidente.

En busca de una salida que diese satisfacción a Touriño, el PSdeG intentó hasta el último minuto una transacción (para la que era imprescindible el concurso del BNG y del PP) que eliminase la referencia a la fiscalía. Pero fue imposible.

Al tratarse de un asunto que afectaba a un área de gobierno bajo la responsabilidad del BNG, y de acuerdo con el pacto suscrito al comienzo de la legislatura, fue el grupo nacionalista el que asumió desde el primer momento la coordinación del dictamen común e incluyó la iniciativa de acudir al ministerio fiscal. El grupo socialista, según fuentes del PSdeG, asumió la propuesta a sabiendas de la postura en contra del presidente de la Xunta con la esperanza de poder utilizarla como moneda de cambio en una posterior negociación con el PP.

De hecho, el portavoz del PSdeG, Xaquín Fernández Leiceaga, fue quien ofreció ayer en el pleno a los populares una transacción que les permitiese sumarse al dictamen, siquiera parcialmente, a cambio de retirar la referencia a la fiscalía. Leiceaga, el portavoz del PP, Ignacio López-Chaves, y el del BNG, Carlos Aymerich, debatieron la posibilidad de un acuerdo apenas unos minutos antes de la votación final y no lograron ponerse de acuerdo. La decisión de los nacionalistas de mantener hasta el final el envío del escrito al fiscal puso fin a las negociaciones y obligó a someter a votación el dictamen original.

Fue en ese momento cuando Touriño, para sorpresa de la mayoría de los presentes y después de hablar brevemente con el portavoz parlamentario, Ismael Rego, se levantó del escaño y se fue del hemiciclo.

Su ausencia, sin embargo, no condicionaba el resultado de la votación, que no dejó lugar a dudas sobre la voluntad de la Cámara: 37 votos a favor y 33 en contra de la resolución que establece la responsabilidad política del Partido Popular en la mala gestión de la Cidade da Cultura y que obliga a enviar las conclusiones de la comisión de investigación al ministerio fiscal.

El PP no tardó en atribuir lo sucedido a un nuevo y grave desencuentro entre socialistas y nacionalistas. Lo sucedido, afirmó ayer el partido de Alberto Núñez Feijóo, "escenifica con claridad la situación de debilidad y cobardía política del actual presidente, que cuando surge algún problema opta por desaparecer".

Fuentes próximas al presidente reconocieron que, "ciertamente, el grupo socialista quedó atrapado en la estrategia mantenida por el BNG hasta el último minuto" y "no tuvo más remedio que ceder para que fuese aprobado un dictamen que, para los socialistas, sólo tiene el defecto de su remisión al fiscal". Sin embargo, "el presidente demostró que él no es, ni será nunca, rehén ni prisionero de nadie". "Sólo atiende a sus principios y a sus convicciones", subrayaron las mismas fuentes. De acuerdo con esta versión, "y más allá de cualquier interpretación política, siempre legítima, el gesto permite visualizar la parte más admirable del presidente: un hombre de compromisos firmes y convicciones profundas".

Touriño, según su entorno, "hace lo que promete y hace lo que piensa, al margen de hipotéticos beneficios o perjuicios a corto plazo".El abandono del pleno de Touriño para no ser "rehén ni prisionero" de ningún grupo eclipsó el debate final del dictamen sobre la Cidade da Cultura. Tanto Xaquín Fernández Leiceaga (PSdeG) como Carlos Aymerich (BNG) emplazaron al PP y a Alberto Núñez Feijóo a aprovechar su última oportunidad de desmarcarse de la gestión protagonizada por los últimos gobiernos de Manuel Fraga.

"Tienen una última oportunidad de cambiar de piel, situarse con el conjunto de los ciudadanos", aseguró Leiceaga. Deben decidir si son "prisioneros del pasado" o prefieren "colaborar con una gestión transparente".

En parecidos términos se expresó Carlos Aymerich, del BNG. "Si quieren marcar distancia con la gestión de la Cidade da Cultura cojan esta oportunidad y aprovéchenla. Vuelvan al mes de agosto y aprovechen esta oportunidad".

El portavoz del PP, Ignacio López Chaves, ni siquiera respondió a la oferta. Durante su intervención se limitó a calificar de "inadmisible" el contenido del dictamen promovido por socialistas y nacionalistas. "Una campaña de difamación" que, en su opinión, desautoriza al Consello de Contas al acudir a la justicia, cuando el organismo fiscalizador ni siquiera decidió enviar sus conclusiones finales al Tribunal de Cuentas de España.

El dictamen final, que pone fin a tres meses de comparecencias, debates y examen de miles de documentos, deberá ahora ser remitido al ministerio fiscal, establece que el presupuesto inicial, de 108 millones de euros, se disparó hasta alcanzar los 475 millones. Reprocha al PP no haber buscado financiación externa, no haber justificado la necesidad del proyecto y, sobre todo, no haber establecido controles económicos y financieros eficaces.

Entre los puntos más controvertidos de las conclusiones figuran las referencias al ex conselleiro de Cultura Jesús Pérez Varela, al que se atribuye la decisión de constituir, el día que abandonó el cargo, una sociedad cuyo objeto social guarda relación con las competencias que tenía en la Xunta, lo que podría violar la legislación de incompatibilidades.

La existencia de adjudicaciones irregulares y la acusación de que la Xunta quiso obviar los controles de la Administración y diseñó puestos de responsabilidad a la medida de personas vinculadas a altos cargos del PP, también figuran en el dictamen. Las irregularidades citadas incluyen además referencias a las subcontratas y diversos contratos suscritos con empresas relacionadas con ex altos cargos de distintos departamentos.