Respaldo a las empresas de la 'Y' ferroviaria

Los grupos representados en el Parlamento vasco, a excepción de EHAK, expresaron ayer su respaldo a las empresas que participan en la construcción de la red ferroviaria de alta velocidad conocida como Y vasca, ante las amenazas y los ataques lanzados desde ETA y su entorno. EHAK no participó en la votación de la resolución promovida por el PP, aunque en el turno de palabra su portavoz, Julián Martínez, acusó al resto de los partidos y a los Gobiernos central y vasco de "criminalizar al movimiento de oposición al tren de alta velocidad". Los partidos que sostienen al Gobierno (PNV, EA y EB), así como socialistas y populares replicaron que es legítimo oponerse a la construcción de la línea que va a unir a las tres capitales vascas con el eje ferroviario Madrid-París, pero no lo es recurrir a "las amenazas, las coacciones y los ataques".

"La única criminalización es la que ejercen los violentos", subrayó Rafa Larreina (EA). "Nada tiene que ver la desobediencia civil con poner artefactos, quemar maquinaria y amenazar a trabajadores", agregó. La iniciativa de apoyo a las compañías involucradas en la Y ferroviaria, que tendrá un coste superior a los 4.500 millones de euros, asumidos íntegramente por la Administración central, se produce tras conocerse que ETA ha situado la paralización del proyecto como uno de sus principales objetivos estratégicos. Una empresa subcontratada abandonó en septiembre los trabajos tras una campaña de acoso y al menos otras dos han sufrido posteriormente ataques en sus oficinas y maquinaria.

El pleno de la Cámara vivió un nuevo episodio del enfrentamiento habitual entre el PP y el Gobierno tripartito, en esta ocasión con motivo de las críticas vertidas por varios consejeros a distintos magistrados y resoluciones judiciales, entre ellas las condenas del entorno político de ETA. En su interpelación a la consejera de Cultura y portavoz, Miren Azkarate, el portavoz popular, Leopoldo Barreda, acusó al Ejecutivo de "descalificar y deslegitimar" permanentemente al poder judicial y de poner "en el punto de mira a los jueces", dando "coartadas a los terroristas".

Azkarate reivindicó el derecho a criticar ciertas actuaciones judiciales que calificó de "políticas" y volvió del revés las acusaciones, reprochando al PP que se presente como defensor de la independencia judicial cuando ha llegado a "bloquear" el Tribunal Constitucional y el CGPJ en su afán por controlarlos.