Retoque a las tarifas de agua y basura

El agua es otra de las bases imponibles que la dirección general de Tributos está redefiniendo, en el marco de la reforma fiscal medioambiental. Economía estudia los impuestos, cánones y tasas que gravan el consumo de agua potable y su depuración, siguiendo las directivas de la Unión Europea que obligan a repercutir los costes reales del servicio en los consumidores.

El procedimiento será progresivo y obligará a los ayuntamientos a medir adecuadamente el consumo de cada usuario, ya que el gravamen se aplicará en función del agua utilizada. La Xunta ya cobra un canon por saneamiento, aunque el tributo carece de progresividad (no disuade el derroche) ya que la mayoría de los ayuntamientos ha fijado un mínimo de consumo demasiado elevado.

Bajo la misma filosofía (tarifa que financie el costo real del servicio), Sogama aprovechará la reestructuración fiscal para actualizar las tasas que cobra a los ayuntamientos por el tratamiento de la basura.

La reforma va a penalizar a los consumidores que no separan la basura y a los ayuntamientos que carecen de sistemas de reciclaje o que no financien plantas de tratamiento con separación de residuos sólidos urbanos.

El estudio incluye la reformulación de los tributos sobre emisiones contaminantes. La Xunta ya aplica un impuesto de contaminación atmosférica que penaliza a las grandes factorías con mayor volumen de emisiones de gases. El impuesto está estancado en una recaudación de 21 millones de euros anuales, ya que no ha tenido el efecto disuasorio por el que fue creado. La fiscalidad verde reformulará este tributo, que obligará a mayores desembolsos a las compañías más contaminantes y que no reduzcan sus emisiones en un plazo de cuatro años.