El TSJ devuelve al pleno municipal de Valencia el control sobre los PAI

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha devuelto al pleno del Ayuntamiento de Valencia su potestad para evaluar y puntuar las propuestas de ejecución de los planes urbanísticos de la ciudad. El tribunal ha estimado parcialmente el recurso presentado en el año 2006 por el Grupo Socialista municipal de Valencia contra las bases que el equipo de gobierno local del PP estableció para adjudicar los PAI (Programa de Actuación Integrada) de gestión privada, que representan el 90% de los planes que se presentan.

El 90% de los planes presentados en Valencia son de gestión privada

El pleno alicantino aprobó el fraccionamiento del pago del IBI

La regulación recurrida por el PSPV-PSOE, en vigor desde octubre de 2006, permite que la mesa de programación, un órgano técnico y sin competencia para resolver los planes- puntuara las ofertas presentadas para ejecutar un PAI. Los socialistas defendieron entonces que el proceso de puntuación y, si cabe, de modificación, era una competencia del pleno, donde están representados todos los grupos políticos electos, y no de una mesa técnica. "Sustrae competencias al pleno municipal para definir el modelo de la ciudad en beneficio de la mesa técnica", subrayó ayer el anterior portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Rafael Rubio, autor del recurso. El TSJ, a través de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo, califica esta infracción como una "transgresión sustantiva del procedimiento", enfatizó el concejal Vicente González Móstoles, actual responsable de Urbanismo en su grupo. "Se ha demostrado", agregó, "que el Ayuntamiento de Valencia pretendía hurtar competencias al pleno municipal a sabiendas".

El TSJ no comparte que el pleno municipal deba de "acomodarse" a la propuesta de una mesa técnica porque el pleno es libre para aprobar el PAI y para adjudicarlo. En cuanto a la base que regula la transmisión directa, sin concurso público, de los excedentes de aprovechamiento al urbanizador, la sala replica que no son patrimonio municipal y, por tanto, no hay que licitarlos, pero sí señala que deben de conocerse cuando sale a concurso un PAI y no cuando está adjudicado.

Contra la sentencia del tribunal cabe la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La intención de la Generalitat de modificar el reglamento de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) para dar mayor potestad a los alcaldes sobre los planes urbanísticos no alteraría la competencia de los plenos municipales, según los dos concejales socialistas del Ayuntamiento de Valencia. Estos reiteraron que la demanda se presentó porque las bases pusieron en tela de juicio el fuero del pleno.

En Alicante, el Ayuntamiento aprobó, con los votos del Grupo Popular y la oposición de los socialistas, la nueva ordenanza municipal para el desarrollo los PAI en el municipio. El documento se limita a transcribir, sin apenas cambios, el articulado en esa materia recogido en la Ley Urbanística Valenciana (LUV), lo que deja la vía libre a que cada programa se tramite de acuerdo con sus bases particulares. "Es una prueba más del urbanismo a la carta que practica el equipo de Gobierno del PP", señaló Etelvina Andreu, portavoz del Grupo Socialista. "De esta forma, el Ayuntamiento pierde una oportunidad para homogeneizar su política urbanística, mediante el establecimiento de unas pautas globales en función de las necesidades de la ciudad", añadió.

El pleno alicantino también aprobó el fraccionamiento del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) durante los años 2008 y 2009. La iniciativa, que fue rechazada por el Grupo Socialista, pretende facilitar el pago después de que el gobierno local acordará el pasado mes de octubre un aumento progresivo de hasta un 4,5 % del impuesto en los dos próximos años.