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Educación debe pagar 25 millones a los profesores de la concertada

Oriol Güell

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a la Consejería de Educación a abonar a casi 25.000 profesores que trabajan en los colegios concertados de la región los suplementos autonómicos no abonados correspondientes a los años 2006 y 2007. Cada profesor recibirá 839,5 euros, en el caso de un profesor de primaria, a 985,84, en el caso de los docentes de ESO, Bachillerato y FP, por lo que la factura total que deberá asumir el Gobierno regional es de "unos 25 millones de euros". "Es una cantidad muy importante que demuestra la irresponsabilidad con la que ha gestionado Educación", explicó Txema Méndez, de FETE-UGT.

Un portavoz de Educación, por su parte, anunció que el Gobierno regional recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo. "Creemos que hemos asumido todas nuestras obligaciones con los docentes", aseguró.

La sentencia, fallada el pasado miércoles, pone fin a la demanda presentada en julio de 2007 por las organizaciones regionales de los sindicatos CC OO y UGT ante lo que consideraban un incumplimiento de las obligaciones del Gobierno regional en la remuneración de los profesores. Según fuentes sindicales, cada maestro tenía derecho a ver aumentada su nómina en 32 euros mensuales cada año entre 2005 y 2009 hasta un total de 160. Educación sólo cumplió el primer año y dejó de pagarlo en 2006 y 2007, según estas fuentes.

La sentencia ratifica ahora el derecho de los trabajadores afectados por el conflicto colectivo a percibir las cantidades estipuladas. En concreto, los jueces han declarado vigente el Acuerdo Social para la mejora de la Calidad y el Empleo en el Sector de la Enseñanza Madrileña de 9 de marzo de 2005, en el que se establecen estas cantidades.

Cobro íntegro

UGT, que califica la sentencia de "muy importante y gran triunfo para los docentes", destaca que el complemento autonómico de los años 2006 y 2007 se cobrará de forma íntegra "sin compensación o absorción con los incrementos salariales previstos en el convenio colectivo de aplicación".

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El sindicato también mostró su "sorpresa" por la decisión de Educación de recurrir al Tribunal Supremo. "Es la peor manera de tener durante dos años a todo un colectivo en una grave situación de inestabilidad", aseguró Méndez.

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Sobre la firma

Oriol Güell
Redactor de temas sanitarios, área a la que ha dedicado la mitad de los más de 20 años que lleva en EL PAÍS. También ha formado parte del equipo de investigación del diario y escribió con Luís Montes el libro ‘El caso Leganés’. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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