La CNE quiere implicar más a las eléctricas en la prevención de apagones

El gran apagón de Barcelona del mes de julio, con responsabilidad compartida de Red Eléctrica de España (REE) y Endesa, según concluyó la Comisión Nacional de la Energía (CNE), ya ha dado lugar a recomendaciones oficiales. El órgano regulador aprobó ayer un informe con propuestas para evitar apagones que, entre otros puntos, pide a Industria que permita que, en algunos casos, las compañías distribuidoras asuman la administración de redes de 220 kilovoltios (KV), para mejorar su funcionamiento y evitar incidentes. Precisamente, la subestación que ardió en Barcelona (la de Maragall), era de esa tensión.

La legislación actual establece que las líneas de 220 KV y de 400 KV son de transporte y, por lo tanto, dependen de REE. De prosperar la propuesta de la CNE, no sólo se tendrá en cuenta la tensión sino también la función de las líneas a la hora de diferenciar entre transporte y distribución.

La Comisión critica la subida de la electricidad en 2008 por insuficiente

El gran apagón de Barcelona dejó sin electricidad a más de 300.000 usuarios y se convirtió en objeto de controversia entre Endesa y Red Eléctrica de España (REE), las dos compañías propietarias de las instalaciones afectadas.

El pasado 4 de octubre, la CNE aprobó su informe sobre las causas del incidente, que no tiene carácter sancionador, pero que se ha convertido en el documento de referencia para el Ministerio de Industria y la Generalitat.

Por otro lado, la CNE también propone que se establezcan mecanismos para separar claramente instalaciones de transporte y distribución (en Barcelona, REE y Endesa compartían instalaciones). Esa separación permitiría esclarecer las responsabilidades del transportista y del distribuidor, lo que evitaría enfrentamientos entre las compañías.

Por otra parte, la CNE aprobó la propuesta de subida de tarifas eléctricas elaborada por Industria (3,3% a partir del próximo 1 de enero), pero con fuertes críticas tanto por la tardanza en recibir la propuesta (lo que dificulta su análisis, se asegura) como por el hecho de que la subida no alcance ni siquiera al IPC registrado (4,1%).

La CNE insiste en que "el escenario [tarifario] actual no es sostenible en el medio plazo". De igual forma, la CNE cuestiona la orden por la que se fijan tarifas de último recurso (para hogares) del gas para 2008 -los precios regulados desaparecen el próximo año- por adolecer, asegura, "de graves defectos".