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El fiscal imputa a Bañuelos por un edifico de Oropesa

María Fabra

La fiscalía de Castellón ha solicitado a la titular del juzgado de instrucción número 4 que llame a declarar, en calidad de imputados, a los administradores de la promotora y constructora del Edificio Mar, levantado sobre un suelo calificado como de uso exclusivo de cámping en Oropesa. Este bloque, de unos 400 apartamentos, fue promovido por la mercantil San Joan de Moró, de la que es apoderado el ex presidente de Astroc, Enrique Bañuelos. La construcción fue aprobada por el Ayuntamiento de Oropesa hace dos legislaturas, pese a que sobre el suelo pesaba una calificación que restringía su uso al cámping.

Un particular presentó una querella en la que acusaba a los concejales oropesinos de prevaricación. La juez la admitió y ha tomado declaración al entonces alcalde, Francisco Garrido, y a otros tres concejales que votaron a favor de la construcción del edificio. También declaró como imputado el arquitecto municipal, Carlos Garrido, que hace apenas un mes hubo de acudir al juzgado después de que se le imputara, además, un presunto delito de tráfico de influencias en la aprobación de un programa urbanístico en la zona de expansión de Marina d'Or.

Enrique Bañuelos aparece en el registro mercantil como uno de los dos apoderados solidarios de la sociedad desde 2002. Hasta esa fecha había ocupado el cargo de administrador solidario de la mercantil, que se creó en 1999 y que, entre sus cargos, también tiene a Luis Antonio Vilar Téllez, que comparte con Bañuelos el cargo de apoderado solidario desde la misma fecha del nombramiento del ex presidente de Astroc.

La aprobación se remonta a agosto de 2002, cuando se tramitó la licencia para la construcción del bloque de apartamentos, locales comerciales y garajes en los terrenos que, hasta ese momento, estaban ocupados por el cámping Torre Paquita. La licencia se concedió con el informe favorable del arquitecto municipal pese a que tanto la ahora ex secretaria municipal como el técnico de administración general y el propio Colegio de Arquitectos elaboraron informes desfavorables a la construcción de un edificio. A todos ellos se unió también, según consta en el expediente, el dictamen del jefe del Servicio Territorial de Urbanismo, que expone la existencia de un escrito del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana que ratificaba que el proyecto no cumplía con el uso permitido en la parcela.

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