Recusado por el Gobierno

La afición a la caza de Roberto García-Calvo es bien conocida en medios judiciales, que en alguna ocasión han precisado que es más aficionado a la montería que a la perdiz o al conejo. También en el terreno profesional, García-Calvo ha optado por la caza mayor y desde hace un año ha prodigado sus dotes cinegéticas en cobrarse la cabeza de la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas. Aunque a tenor de los resultados, García-Calvo ha marrado la pieza y ahora pende sobre él una recusación que tiene todas las papeletas para prosperar y dejar el Pleno reducido a cinco magistrados progresistas y tres conservadores que avalaría la prórroga de la presidenta en su cargo.

Pidió la imputación de Felipe González y el indulto de Gómez de Liaño

García-Calvo llegó al Constitucional dejando tras de sí un reguero de polémica que se remonta a 1976, durante su mandato como gobernador civil y jefe provincial del Movimiento en Almería, etapa en que se produjo la muerte a tiros del joven Javier Verdejo por disparos de la policía cuando realizaba una pintada.

Magistrado de lo Social, consiguió acceder al Consejo del Poder Judicial a propuesta de Alianza Popular en 1989, después de que el año anterior se quedase a las puertas por un pacto con el PSOE que no se cumplió por la ausencia de 32 de los 68 diputados con que contaba AP. Durante su etapa como consejero, un comandante de la Guardia Civil perturbado accedió al Consejo y les mantuvo encañonados a él y a otros consejeros, entre los que se encontraba la hoy vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. García-Calvo y De la Vega obtuvieron permiso para salir a buscar el expediente del comandante, que poco después fue reducido por los policías de escolta que esperaban detrás de la puerta.

También envuelto en polémica, en 1995 accedió al Supremo con los únicos 10 votos del sector conservador del Consejo. Como magistrado de lo Penal, alineado con las posiciones de la derecha más dura, votó a favor de la inculpación de Felipe González en el caso GAL y a favor del indulto del juez Javier Gómez de Liaño, expulsado de la judicatura por prevaricación.

Le costó más acceder al Constitucional, aunque finalmente el PSOE también accedió a cambio de un nombramiento en el Tribunal de Cuentas. En el último año, García-Calvo ha encabezado la cacería contra la presidenta Casas, pero una maniobra en falso, al exigir su dimisión en una carta en la expresó su más "profunda discrepancia" con la prórroga de la presidenta provocó que todos sus compañeros del sector conservador les dejaran solos a Rodríguez Zapata y a él. Las recusaciones del PP contra tres magistrados del bloque progresista, para contestar a las del Gobierno contra García-Calvo y Rodríguez Zapata exasperaron a todo el Tribunal y les han llevado al borde la expulsión del Pleno que juzgará la reforma.