Ger se escuda en sus asesores para defenderse de tráfico de influencias

El presidente del Grupo Marina d'Or, Jesús Ger, declaró ayer ante el titular del juzgado número 2 de Castellón, en calidad de imputado por un presunto delito de tráfico de influencias. El constructor está acusado de "beneficiarse" de una actuación irregular aprobada por el Ayuntamiento de Oropesa que acabó con la adjudicación a una de sus empresas de un desarrollo urbanístico de más de 350.000 metros cuadrados en la zona de expansión del complejo que ya tiene construido al norte de este municipio del litoral castellonense. Ger admitió que mantiene relación con los concejales del equipo de gobierno, que les ha invitado a viajes a París y a China y consideró "normal" la adquisición de algunas propiedades de los ediles ya que, según dijo, ha adquirido entre 200 y 300 fincas en este término municipal. El constructor enmarcó todas estas relaciones entre las habituales que mantiene con "mucha gente".

El empresario asume haber llevado de viaje a concejales a París y a China

Las diligencias que instruye el juez surgieron a raíz de una querella presentada por los afectados en la adjudicación de este programa urbanístico. La querella explica cómo el equipo de gobierno local, del PP, adjudicó el programa pese a que su aprobación estaba condicionada a la existencia de un "informe favorable" de la Dirección General de Costas. Este departamento del Ministerio de Medio Ambiente dictaminó, hasta en dos ocasiones, de forma desfavorable porque el plan deja fuera de ordenación un edificio ya existente en el paraje de Les Amplàries. Ante esta "contrariedad", el grupo Marina d'Or presentó ante el Ayuntamiento un escrito de un catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, que concluía que el dictamen de Costas no era vinculante. Así, los técnicos del Ayuntamiento de Oropesa y el equipo de gobierno hicieron suyo este informe encargado por Ger y se aprobó el programa urbanístico. Tras la aprobación, en mayo de 2005, la propia Generalitat valenciana presentó una demanda contra el Ayuntamiento de Oropesa al considerar "ilegal" esta decisión. En su escrito de denuncia, el Gobierno autonómico alegó que "uno de los motivos de ilegalidad" era que el programa se había aprobado con dos informes desfavorables de la Dirección General de Costas e indicaba que "resulta preceptivo el informe de esta dirección general del Ministerio de Medio Ambiente, informe que tiene carácter vinculante". Sin embargo, meses después, la Generalitat retiró el recurso al variar su opinión y pasar a considerar que el informe no era vinculante.

Ayer, en su declaración ante el juez, Jesús Ger dijo desconocer todo lo relacionado con la tramitación del programa urbanístico y delegó la responsabilidad en sus asesores y empleados. Según declaró, el grupo Marina d'Or funciona con una comisión de urbanismo interna, que es la encargada de gestionar las licencias y a la que, puntualizó el empresario, él ni siquiera acude. Además, el propietario de Marina d'Or aseguró ignorar también la existencia del informe del catedrático, al que, aseguró, no conoce.La tramitación de este programa urbanístico fue muy tortuosa desde el principio. Por ejemplo, la cédula de urbanización que precisaba el programa fue firmada personalmente por el director general de Ordenación Territorial de la Generalitat, Pedro Grimalt, después de que la comisión técnica de Territorio dictaminara de forma negativa. En el expediente figura también un informe del técnico de vías pecuarias en el que reconoce haber recibido instrucciones del director provincial de Territorio, Jorge Traver, para que realizara su dictamen de forma poco exhaustiva. Pese a las anomalías detectadas en el proceso, el programa fue aprobado con los votos a favor de todos los concejales del PP, incluidos el alcalde, Rafael Albert, el responsable de Urbanismo, Tomás Fabregat, y el edil expulsado del PSPV-PSOE Juan Manuel Ribes.

Jesús Ger comparte con Tomás Fabregat, que también está imputado y al que se le acusa, además, de prevaricación, la titularidad de un local. En el patrimonio del concejal de Urbanismo figuran otros cinco locales en el complejo Marina d'Or que adquirió, según dijo, con dinero procedente de una herencia y de la venta de unos terrenos.

Ayer el juez tomó también declaración a Juan Manuel Ribes, socio mercantil de Ger, que desveló que la sociedad que comparten ambos, con un capital de 1,5 millones de euros, se creó con el objetivo de montar una discoteca Pachá en Oropesa. Además, de los ediles, la querella se presentó también contra los dos técnicos municipales, la secretaria y el arquitecto, que firmaron los informes en los que se basaron los concejales para aprobar el programa urbanístico de les Amplàries.