El batallón

A tres meses de las elecciones, cuando las encuestas empiezan a dar la mayoría absoluta al PSOE en Andalucía, se firmó el jueves en Sevilla un pacto para fabricar casas masivamente. 300 notables en reunión espectacular, la Junta, la patronal, los sindicatos, los bancos, presentaron su alianza para construir 700.000 pisos. Sucede en un momento heroico, en pleno hundimiento del mercado inmobiliario, cuando la clientela no compra porque espera la bajada de precios, la liquidación del negocio en crisis. Hay miles de viviendas vacías. Los bancos dan menos créditos y las constructoras, como muchos ciudadanos, acumulan deudas financieras descomunales.

Se construye menos. Sube el paro y cae la afiliación a la Seguridad Social. Las hipotecas y los precios han subido hasta la parálisis del mercado, y el Estado se pone en movimiento. El pacto andaluz inmobiliario promete tierra y dinero. Los bancos y cajas de ahorros pondrán capital barato a la venta; la Junta repartirá subvenciones, suelo, equipamiento, infraestructuras. En el momento en que las constructoras, para saldar su deuda financiera, se deshacen de terrenos que probablemente acabarán en manos de los bancos, el Estado ofrece solares para construir, propiedad pública que se convertirá en propiedad privada. La firma del Pacto inmobiliario de Sevilla, con su batallón de los 300, es la representación escénica del orden económico y político regional, idéntico al que existe en las otras comunidades autónomas de España.

No entiendo la reacción de Javier Arenas, candidato del PP a presidir la Junta. Según leí el viernes por la tarde en el teletexto de Canal Sur, Arenas no cree en lo que firma su rival socialista, el presidente Chaves. El Pacto inmobiliario, a juicio de Arenas, sólo es una propuesta electoral: el auténtico pacto es el que firmará el PP después de las elecciones. Creo que el PP se equivoca. Al margen del aprecio que Chaves le merezca, Arenas está llamando insensatos a los patronos, a los sindicalistas y a los banqueros firmantes. ¿No sería más equilibrado sugerir mejorar lo firmado en Sevilla y ofrecerse a administrar mejor que los socialistas lo pactado por la Junta? La Administración seguirá siendo la misma Administración después de las elecciones de marzo, gane quien gane, y pensar en refundar el mundo después de cada posible cambio de gobierno parece un signo de inmadurez.

Pero lo más disparatado es presentar el Pacto como garantía de vivienda para todos, a la manera del derecho a la educación. Este Pacto inmobiliario, que sólo quiere garantizar el derecho a la vivienda a quienes ganan menos de 3.200 euros, viene a recordarnos que los más ricos se garantizan los derechos humanos por su cuenta, como nuevos señores feudales. El Estado fija, además, una jerarquía de derechos entre los pobres ricos de 3.200 euros al mes y los pobres de 600: cada uno tendrá la casa que se merece por sus rentas. Y, puesto que el proyecto político socialista es hacer una ley para que los ciudadanos reclamen, de acuerdo con el pacto de los 700.000 pisos, su derecho a la vivienda ante los tribunales, podría ser que a los paupérrimos los jueces los manden directamente a dormir a las cárceles, que supongo viviendas dignas. Si no lo fueran, me figuro que las cerrarían los jueces de vigilancia penitenciaria.

Queremos ser ricos, no por avaricia, sino por ansia de derechos humanos: más libertad, más dignidad, más seguridad, menos posibilidades de sufrir trato degradante, más defensa jurídica, más vida privada, más derecho a circular libremente, y a fundar una familia y elegir residencia, y a más vivienda, más educación, más salud. Y más derecho a cambiar de opinión sin perder prestigio de infalibles: los mismos mandarines que veían un exceso de construcción de casas, 500.000 en los últimos 25 años, ahora promoverán 700.000 en 10 años. Los mismos que lanzaban un plan de ordenación territorial en la región, hoy razonan que el plan no vale.