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Tribuna:ANÁLISIS | La lacra de la violencia de género

Desde Ana Orantes

"Históricamente ha carecido de interés social y jurídico...", decía en el año 1998 un Informe del Defensor del Pueblo español sobre los malos tratos a las mujeres en el ámbito familiar. Casi diez años después contamos con una Ley Integral contra la violencia de género en el ámbito de la pareja, objeto de atención en los países de nuestro entorno; y existen Juzgados y Fiscales especializados para responder ante esta forma de criminalidad. ¿Que ha sucedido desde entonces hasta ahora?

En diciembre de 1997, Ana Orantes fue quemada viva por su ex esposo tras haber relatado en la televisión andaluza los malos tratos sufridos durante el matrimonio. Dos notas resultaron llamativas: era la respuesta del marido despechado que no aceptaba la rebeldía de quien fuera su esposa; y habían compartido la misma casa tras la separación legal, aunque dividido el uso, de tal manera que el riesgo siempre estuvo presente para la mujer.

Pues bien, con ocasión de este asesinato, las asociaciones de mujeres señalaron la ineficacia del sistema judicial y los medios de comunicación dieron la voz y la palabra a las víctimas. Se realizaron varios estudios sobre las sentencias y se pudo comprobar que, efectivamente, las leyes no tenían en cuenta las características específicas de la violencia en el ámbito de la pareja, tanto es así que había llegado a sancionar con arresto domiciliario al condenado por lesiones a la esposa. ¡Se les obligaba a permanecer en casa junto a su víctima, sin poder salir!

La mirada de los poderes públicos empieza a cambiar, en sintonía con la normativa internacional, y lo que tradicionalmente se había considerado una cuestión privada o de familia se convertirá en un problema social necesitado de la intervención del Estado, por afectar a derechos constitucionales como la vida o la integridad física y moral. La afirmación de que la violencia contra la mujer en el ámbito familiar es un hecho público perseguible de oficio por los agentes de la autoridad -no un hecho privado- se consolidó en el año 1999, cuando la ley elimina el requisito de la denuncia previa para perseguir los hechos violentos cometidos contra alguno de los miembros del círculo familiar que señalaba.

Pero no bastaban las medidas judiciales que se adoptaban. Era necesario realizar un diagnóstico completo de las causas estructurales de esta violencia -entre ellas la historia de socialización desigualitaria que arrastramos- y con este objetivo el Parlamento español aprobó por unanimidad la Ley Integral 1/2004, que a su vez reformó otras leyes, como las de educación y publicidad, para consolidar nuevos valores de igualdad y resolución pacifica de conflictos. También reforzó la respuesta judicial, con el resultado de un progresivo aumento del número de mujeres que confían en las instituciones y deciden denunciar. Contamos con un buen instrumento legal que está ayudando a salir del círculo de la violencia e iniciar una nueva vida; pero la sociedad no puede bajar la guardia, mujeres inmigrantes sufren la violencia con toda su crudeza.

Estamos en el camino. Diez años después de Ana Orantes se puede afirmar que el maltrato sobre las mujeres en el ámbito familiar preocupa al mundo jurídico, preocupa a la sociedad y se ha convertido en una prioridad de la agenda política española.

Inmaculada Montalbán Huertas es magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Premio Nacional 2003 del Consejo General del Poder Judicial.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 16 de diciembre de 2007