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El Jamonero pide ir a prisión porque teme por su vida

Asegura que huyó sin apenas dinero

Javier Martín-Arroyo

El juez titular del Juzgado de Instrucción 1 de Órgiva, Antón Henares, dictó ayer prisión comunicada sin fianza para Antonio Herrera, El Jamonero de Trevélez, que huyó tras dejar una deuda de 25 millones de euros a 300 damnificados en la Alpujarra granadina. Tras su detención en Santo Domingo por la Interpol, Herrera solicitó ayer al juez ingresar en la cárcel para evitar posibles represalias, ya que teme por su vida.

El magistrado le imputa cinco delitos: estafa continuada, apropiación indebida, alzamiento de bienes, un delito contra la hacienda pública y otro societario. "Soy consciente de que he perjudicado a mucha gente, pero yo también he perdido mi negocio y familia", alegó. Herrero reconoció los hechos que se le imputan, pero afirmó que huyó en 2004 del país sin apenas capital y explicó que la astronómica deuda se debió a su nefasta gestión de la empresa Jamones Fernando desde 2000, cuando ésta comenzó a sufrir pérdidas.

El empresario alpujarreño pidió durante años a sus paisanos que invirtieran sus ahorros en su compañía a cambio de intereses de entre el 16% y el 22%. La mayoría de los 800 vecinos del pueblo cayeron en la trampa de los jugosos beneficios por la confianza que inspiraba este anterior director de la caja de ahorros local. Los vecinos prestaron su dinero a Herrera sin ningún documento legal y a espaldas de Hacienda.

Tres años fugado

En una prolongada declaración tras su huida de tres años y un mes, Herrera contó al juez que se sintió "muy amenazado" y que huyó para salvar su vida, pero no se mostró arrepentido de su "huida hacia delante", según fuentes del caso. El jamonero se mostró tranquilo durante las casi cuatro horas de declaración, en la que explicó que en Santo Domingo ejerció labores de corredor inmobiliario.

"Prácticamente se ha incriminado y reconocido los hechos", aseguraron fuentes del caso, pese a que negó haber cometido estafa alguna. Al tiempo que el magistrado decretaba su imputación por la que ahora ha sido detenido, se abrió un proceso concursal (quiebra) en su empresa para tratar de pagar a los 300 acreedores que lo denunciaron, pero esta segunda causa se cerró sin que ninguno de los vecinos haya recuperado un solo euro. "Qué casualidad que una vez cerrado el proceso concursal haya aparecido el jamonero y no antes", ironizaba ayer a las puertas del juzgado Jesús Gallego, empresario al que Herrero adeuda 12.000 jamones. El juez dio preferencia a los bancos frente a los vecinos, sin documentos para demostrar sus créditos.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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