Camps apaga las imágenes de TV-3 mientras negocia con Montilla y Clos

No ha esperado a culminar unas negociaciones prácticamente cerradas y, a solo tres meses de los comicios generales, el presidente valenciano, el popular Francisco Camps, ha abierto un frente con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a cuenta de las televisiones que pueden ver los valencianos. Tras más de 20 años de recepción ininterrumpida de TV-3, el Ejecutivo de Camps procedió en la noche del domingo a apagar el repetidor ubicado en Xixona, que emitía la señal de la televisión pública catalana para la provincia de Alicante. Su intención es cortar también la señal en Castellón y Valencia, aunque en esta última provincia se lo impidió inicialmente el juzgado.

El cierre se produce a pesar de que la Generalitat valenciana lleva meses de negociaciones con su homóloga catalana y con el Ministerio de Industria para legalizar la reciprocidad en la emisión de las televisiones autonómicas entre ambas comunidades. La clausura del repetidor de TV-3 en Alicante se produce tras haber conseguido del Ministerio de Industria, que dirige Joan Clos, la concesión de un segundo múltiplex (un paquete de frecuencias para cuatro canales) de ámbito autonómico para Televisión Digital Terrena (TDT) y cuando está en trámite la adjudicación de un tercer múltiplex para legalizar la reciprocidad entre comunidades vecinas. Este tercer múltiplex requiere de la existencia de un convenio previo entre las autonomías y el Consell pretende utilizarlo, no solo para legalizar las emisiones de TV-3 en territorio valenciano, sino también difundir la señal de la Televisión de la Región de Murcia, gobernada por el PP.

Industria niega problemas técnicos y Cataluña dice que es un acto político

El presidente catalán, el socialista José Montilla, achacó la acción del Gobierno valenciano "a motivos estrictamente políticos, ya que problemas técnicos no hay". El Ejecutivo catalán emitió un comunicado en el que expresó su malestar e instó al Gobierno que preside Camps a firmar "de manera inmediata" el convenio de reciprocidad de las señales autonómicas de televisión. "Es un acto hostil pero no desistiremos en el objetivo de lograr la reciprocidad de emisiones", señaló el Gobierno catalán.

El vicepresidente de la Generalitat valenciana, Vicente Rambla, intentó desvincular el cierre del repetidor en Alicante de las negociaciones con el Ejecutivo catalán y el ministerio. Rambla indicó que el Ejecutivo valenciano se limitó a cumplir con una resolución judicial. Resolución que es fruto del expediente abierto por la propia Generalitat contra Acció Cultural del País Valencià, la entidad que desde 1986 mantiene los repetidores por los que se difunde la señal de TV-3 sin haber tenido nunca una frecuencia adjudicada y que ha sido multada con 300.000 euros.

Rambla conversó a primera hora de la mañana con el consejero catalán de Cultura, Joan Manuel Tresserras, para comunicarle que, a pesar del cierre del repetidor, quería seguir negociando el convenio de reciprocidad de las televisiones autonómicas. Fuentes de la Consejería de Cultura del Gobierno catalán explicaron que el convenio está para firmar desde hace un mes y que se podría firmar mañana mismo.

Fuentes del Ministerio de Industria aseguraron ayer que "la Generalitat valenciana demuestra que no tiene voluntad política de resolver la reciprocidad de señales". "No hay ningún problema técnico para mantener las emisiones de TV-3, ya que desde hace meses están resueltos todos los condicionantes", indicaron. Fuentes ministeriales argumentaron que desde hace semanas el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, ha intentado reunirse con los gobiernos catalán y valenciano sin que haya obtenido respuesta alguna de este último.

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el ministro de Industria, Joan Clos, tienen previsto coincidir hoy en la inauguración del remozado parador de El Saler.

La clausura de las emisiones de TV-3 en Alicante y la amenaza de cierre que pesa sobre los repetidores en Valencia y Castellón provocó una avalancha de protestas en Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Tanto la Unió de Periodistes Valencians como el Col·legi de Periodistes de Catalunya tacharon de "censura" y "ataque a la libertad de expresión" la decisión del Consell. La práctica totalidad de los partidos políticos, a excepción del PSPV, que guardó un clamoroso silencio, se pronunciaron sobre la decisión del Consell. La coordinadora de Esquerra Unida, Glòria Marcos, animó a los ciudadanos a movilizarse contra una decisión que tachó de "ataque indigno a la libertad de información". Marcos lamentó que el Gobierno central y el catalán hayan perdido una buena oportunidad de poner en evidencia al PP valenciano.El secretario general del Bloc, Enric Morera, calificó la decisión de la Generalitat valenciana como propia de "regímenes totalitarios", informa Eva Batalla. Morera achacó la clausura de las emisiones de TV-3 en Alicante al fracaso de las negociaciones entre el PP y el PSOE. Los Verdes también achacaron a la estrategia electoralista del PP la decisión de cerrar el repetidor de La Carrasqueta en Xixona.

Acció Cultural calificó la decisión de "anti-democrática" y lamentó que, a diferencia del intento de clausurar el repetidor el pasado 27 de abril, se hubiese entrado por la fuerza en las instalaciones. Entonces una protesta ciudadana evitó el cierre.

El silencio de los socialistas valencianos solo fue roto por el ministro de Sanidad y candidato por Alicante, Bernat Soria, informa Ignacio Zafra. Soria fue tajante al valorar la decisión del Consell. "Soy respetuoso con la ley y siempre lo voy a ser, pero creo que cada vez que se tapa una boca, cada vez que se calla una voz, hay un atentado contra la libertad de expresión", afirmó Soria antes de pronunciar una conferencia en Valencia.

En Cataluña, CiU criticó el precinto del repetidor en Alicante, pero responsabilizó al presidente catalán, José Montilla, y al ministro de Industria, Joan Clos, por falta de capacidad de "entendimiento" y "persuasión" ante el Gobierno valenciano.

También criticaron la decisión del Consell todos los partidos catalanes y el Partit Socialista de Mallorca y la Obra Cultural Balear.

La situación de TV-3 en la Comunidad Valenciana no es un caso insólito, informa Rosario García. Ver Telemadrid en localidades de Castilla y León o sintonizar la vasca ETB en Navarra no es una práctica inusual. Tampoco ilegal. Las televisiones autonómicas tenían en su origen el ámbito de cobertura perfectamente delimitado, que no iba más allá de los límites de su territorio. Pero el PP decidió hace siete años romper fronteras.

El Gobierno de José María Aznar utilizó en 1999 la Ley de Presupuestos Generales del Estado (como hizo el PP con todas las reformas audiovisuales) para permitir que la señal de las televisiones autonómicas pudiera rebasar su ámbito de cobertura y ocupar el espacio radioléctrico de las regiones colindantes.

Esta invasión analógica sería posible siempre y cuando las autonomías establecieran convenios de colaboración y no hubiera piruetas, como, por ejemplo, acceder a la programación de Canal Sur en Aragón. TV-3 y Canal 9 se ven en Baleares.