Los municipios defienden su poder urbanístico

La aprobación por parte de la comisión territorial de Urbanismo el miércoles pasado del Manhattan de Cullera, que prevé la construcción de 33 torres de viviendas de hasta 25 alturas y un par de hoteles de 40 plantas, demuestra las dificultades que tendrá el plan del litoral del Gobierno.

La Estrategia para la sostenibilidad de la costa, del Ministerio de Medio Ambiente se enfrenta de momento a dos problemas en la provincia de Valencia. En primer lugar, el desconocimiento de los municipios. Muchos ni siquiera han comentado el plan. En segundo, y más grave, que algunos ayuntamientos ya han expresado su interés en que salgan adelante sus proyectos urbanísticos.

Tavernes proyecta 6.000 viviendas, tres campos de golf y una marina

Urbanismo ha dado vía libre en Cullera al 'Manhattan', que prevé 35 rascacielos

En Cullera, donde el Ayuntamiento tiene sobre la mesa varios proyectos urbanísticos, entre ellos el Manhattan, el Marenyet o el Brosquil, el concejal de Playas, José Agustín Gil (PP), comenta que la Demarcación de Costas ejecuta un proyecto muy ambicioso para recuperar cuatro kilómetros de cordón dunar entre la acequia del Dosel (Cullera) y Mareny, al sur de Sueca. De la propuesta del ministerio de dejar fuera de ordenación los terrenos urbanos y urbanizables programados en los márgenes del lago Estany Gran o la adquisición de terrenos en el Brosquil, la edil de Medio Ambiente, Mari Carmen Tormos (PP), dijo no disponer de información para opinar.

En otro punto, el plan propone, entre otras acciones, la retirada hacia el interior del Polígono Industrial del Mediterráneo, en Albuixech. Su alcalde, José Vicente Andreu (PSPV), advierte de que si se trasladase el parque industrial hacia el interior, habría que hacer lo propio con la autovía V-21 para recuperar la franja costera como propone Medio Ambiente. "O se van todos o no se va nadie", explica de las empresas localizadas en el polígono. El primer edil ha solicitado a Costas un espigón o muro que salvaguarde toda su línea litoral de los fuertes temporales.

En Sagunto, donde Costas lleva a cabo derribos puntuales en el dominio marítimo-terrestre (unas 50 ocupaciones ilegales entre Sagunto y Almenara), el concejal de Urbanismo, Sergio Muniesa (PP), no comparte los planes de extraer 400.000 metros cúbicos de arena de las playas del Puerto de Sagunto para regenerar otra franja litoral al norte del municipio. Acerca de la compra de miles de metros en el borde costero de la Marjal dels Moros, Costas asegura que la colaboración con la Generalitat permitirá preservar esta área sin necesidad de recurrir a una operación de compra de terrenos masiva.

En Tavernes de la Valldigna también hay proyectos para el ladrillo. Su alcalde, el popular Manuel Vidal, mantiene las pretensiones de su antecesor en el cargo, Eugenio Pérez (PP), de llevar adelante dos polémicas urbanizaciones que supondrán recalificar más de 4 millones de metros de suelo rústico de su costa. Estos proyectos prevén la construcción de 6.000 viviendas, tres campos de golf y una marina deportiva. Vidal defiende que las urbanizaciones "no van a suponer edificaciones en primera línea", y que la mayoría de nuevas viviendas serán unifamiliares, es decir, de baja densidad. El Ayuntamiento apostará, además, por "salvaguardar el medio ambiente" mediante la regeneración de las dunas, insiste. El gobierno de Tavernes abrirá, en las próximas semanas, un debate en la ciudad dirigido a consensuar un nuevo concierto previo para la modificación del PGOU que posibilite ambos proyectos.

En Gandia, el Ministerio de Medio Ambiente ha iniciado ya el proceso para la expropiación de 230.000 metros de la playa de l'Ahuir, la única franja del litoral de este municipio que se preserva virgen y sobre la que planean intereses urbanísticos. El ministerio incluyó esta extensión en el Programa de Adquisición de Fincas para preservarla de la presión urbanística. El Gobierno central mantiene un litigio con la empresa Rústicas SA, dueña de una finca agrícola colindante, que reclama desde hace años la propiedad de la franja costera.

La playa de l'Ahuir, excepto la franja que expropiará el ministerio, está calificada en el plan general urbanístico municipal como suelo "urbanizable". El concejal de Medio Ambiente, Fernando Mut, se muestra favorable a "abrir un debate público" sobre el futuro de esta playa, y la elaboración de un "plan estratégico" que permita un desarrollo urbanístico que contemple "objetivos medioambientales, sociales y turísticos".

En el sur de La Safor existe otro problema, el de la regresión de sus playas, un fenómeno que ha llevado al Ministerio de Medio Ambiente a redefinir los trazados de las franjas de dominio-público y de servidumbre. Este proceso ha provocado situaciones polémicas, como la de la playa norte de Bellreguard, donde viviendas consolidadas, que en su día se construyeron legalmente, se han visto incluidas ahora en el nuevo deslinde. Bellreguard y varios de los más de 500 propietarios afectados por esta medida han presentado contenciosos ante la Audiencia Nacional contra la orden ministerial. Los municipios del sur de La Safor reclaman al Gobierno que plantee soluciones para reducir los efectos de la erosión marítima y la pérdida de arena, y se oponen a medidas drásticas como el derribo de edificaciones que en su día se construyeron dentro de la legalidad.

Queda claro que los municipios, en general, esperan que el ministerio se limite a regenerar playas. Pero quieren las manos libres para poner ladrillos.