Las alegaciones al plan urbano de Marbella retrasan su aprobación

En fotocopias, digitalizadas o en carpetas. El volumen de las 9.000 alegaciones presentadas al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella está retrasando la aprobación un documento creado para ordenar urbanísticamente la ciudad, darle seguridad jurídica y con el que el Ayuntamiento prevé aumentar hasta un 35% los ingresos por licencias o impuestos. Las ingente cantidad de quejas interpuestas por los ciudadanos y la falta de personal en el Consistorio marbellí, única administración con competencia para introducir cambios en el texto antes de obtener el visto bueno legal que debe dar la Junta, contribuyen a que su tramitación esté siendo más lenta de lo previsto.

La Junta dice disponer sólo de 1.520 alegaciones correctas

El planeamiento da una respuesta pragmática y legal a 18.000 viviendas

En las últimas semanas el equipo de Gobierno y la Junta de Andalucía se han acusado mutuamente de dilatar el proceso. Conforme pasan los días, el plazo para lograr la aprobación definitiva se estira como un chicle: del primer trimestre de 2008 se ha pasado al otoño del año próximo.

Pronto hará dos meses que se cerró el plazo para presentar alegaciones. Según un convenio firmado entre las administraciones regional y local, el Ayuntamiento marbellí debe dar traslado de la totalidad de las alegaciones a la oficina de planeamiento, que será la encargada de distribuirlas entre las delegaciones provinciales, organismos públicos, y el equipo redactor.

"Hemos hecho un enorme esfuerzo poniendo a 20 personas a fotocopiar alegaciones a destajo para enviar una copia al equipo redactor", explica el portavoz del equipo de gobierno Félix Romero (PP). Los técnicos del gobierno andaluz mantienen que en este tiempo sólo les ha llegado un tercio de la documentación y que la mayoría era "una masa informe de fotocopias". "Trabajamos en los informes técnicos de 1.520 alegaciones recibidos de forma correcta", explican. "Las 2.500 restantes han llegado completamente desordenadas y las otras 6.000 simplemente no están".

Este retraso imposibilita la elaboración de los informes sectoriales que servirán para aprobar el PGOU, como el estudio de impacto ambiental, que corresponde a la delegación provincial de Medio Ambiente, indica el concejal socialista Javier de Luis. El delegado provincial de Medio Ambiente, Ignacio Trillo, tenía previsto finalizar el informe en noviembre.

El director de la oficina de planeamiento, José María Ruiz Povedano, mantiene que en ningún momento se ha solicitado que las alegaciones estén digitalizadas ni foliadas, como asegura el Ayuntamiento, sino que cuenten con una numeración para poder ser analizadas. "La única intención de la Oficina de Planeamiento es colaborar con el Ayuntamiento", defiende. "La propia corporación es la que tiene ya todas las competencias urbanísticas sobre el PGOU, por lo que la Junta no puede retrasar ni interferir en la tramitación del documento".

La Junta ha redactado el PGOU en el tiempo en que tuvo retenidas las competencias de planeamiento urbanístico a Marbella, devueltas tras las pasadas elecciones municipales. "Con el planeamiento se da una respuesta pragmática y legal a las 18.000 viviendas en situación irregular. Todas se legalizan", explican. "Sólo queda una minoría, un 5% que son incompatibles con el modelo de ciudad ideado para Marbella". Sobre ellas tendrán que decidir los tribunales.

La forma de legalizarlas, mediante el sistema de compensaciones por el cual los promotores deben aportar terrenos en otras zonas de la ciudad para equipamientos o zonas deportivas escatimadas en la época GIL, es uno de los puntos que la alcaldesa ha anunciado que modificará. Muñoz ha defendido desde el principio que no permitirá que los compradores de esas viviendas asuman las cargas urbanísticas en caso de que los promotores traten de escurrir el bulto. "No se puede cargar al comprador ni obligarle a asumir responsabilidades que competen a las administraciones", ha declarado. La clave radicará en determinar de qué forma se hará y qué administración -el Ayuntamiento o la Junta- asumirá esa carga.

En los últimos días, la regidora se ha comprometido con los representantes de los polígonos industriales de Marbella, a los que el PGOU traslada de una zona cercana al mar a la parte norte de la ciudad, "a no dar ni un solo paso" hasta que se haya consensuado la compensación económica que recibirán los empresarios por abandonar una zona tan bien situada. El lugar que actualmente ocupan cambiará de zona industrial a uso residencial y comercial.