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Un juez abre la vía para que los chalés de Medina Azahara sigan en pie

Absuelto un propietario que se construyó una piscina y amplió su vivienda

El Juzgado de lo Penal 3 de Córdoba ha absuelto al propietario de una casa ilegal del entorno protegido de Medina Azahara del delito contra la ordenación del territorio que le imputaba la Fiscalía. El acusado reconoció en la vista oral celebrada hace tres semanas que amplió su casa 25 metros cuadrados más y construyó una piscina entre febrero y agosto de 2006, cuando el área en el que se encuentra su chalé ilegal ya se estaba protegida por una declaración de zona Bien de Interés Cultural (BIC).

El juez destaca la "tardía reacción" de la Administración con las casas ilegales

El fiscal había solicitado dos años de prisión, la demolición de lo construido y una sanción de 3.240 euros. Pero el juez ha rechazado imponer pena alguna al propietario. Este mismo juzgado ya absolvió a otro propietario de otra urbanización ilegal y está previsto que se encargue de cinco casos más de construcciones ilegales denunciados por la Policía Autonómica.

En esta última sentencia, recogida ayer por Europa Press, el magistrado José Antonio Carnerero reconoce que la conducta del inculpado es ilícita. Pero decide absolverlo porque "no se puede afirmar que esta pequeña obra ejecutada por el acusado (...) haya modificado a alterado sustantivamente la configuración de la zona y haya afectado a aquellos valores" paisajísticos que se pretendían defender con la declaración de la zona BIC aprobada en 2003.

Según el juez, la casa "se encuentra encuadrada en una parcelación, ilegal pero totalmente consentida por las autoridades administrativas, rodeada por todos los lados por numerosas edificaciones".

En concreto, la vivienda está ubicada en la urbanización ilegal de Las Pitas, donde existen unos 155 chalés, todos construidos sin permisos ni licencias y sin que las administraciones lo impidieran. En todo el entorno protegido de Medina Azahara hay 240 chalés clandestinos.

En la sentencia se afirma que cuando esas urbanizaciones se levantaron, la mayoría a partir de los años noventa, sí se produjo "un impacto visual y la afección del valor paisajístico que ahora se pretende corregir". Sin embargo, sostiene que las obras realizadas recientemente por el acusado no alteran "la configuración de la zona".

El magistrado indica que detrás del fenómeno de las parcelaciones ilegales esta "la tardía reacción normativa y el consentimiento durante tanto tiempo de una situación de hecho" por parte de las administraciones competentes. "La indisciplina urbanística generalizada y la falta de efectividad de la actuación administrativa no debe llevar a una criminalización de todas las infracciones administrativas, debiendo limitarse el papel del derecho penal a aquellas que si reúnen un contenido de gravedad suficiente".

La delegada de de Cultura, Mercedes Mudarra, manifestó ayer su "respeto" a la sentencia, aunque lamentó que ya haya habido pronunciamientos judiciales similares anteriormente. "Sólo nos queda actuar por la vía administrativa para proteger la legalidad vigente", añadió. Por su parte, el magistrado interpreta en la sentencia que la infracción descrita sí puede ser de "naturaleza administrativa" y que incluso puede llegarse a la "demolición de la obra".

Desde hace años, los fiscales andaluces de Medio Ambiente y Urbanismo reclaman a los jueces más contundencia con respecto a las construcciones ilegales. Ya en la memoria de 2004 de esta Fiscalía especializada se alertaba de que las absoluciones podían conducir a un "vacío de la norma penal".

El artículo 319 del Código Penal establece penas de entre dos seis meses y tres años de cárcel para quien construya ilegalmente en zonas con especial protección y de entre seis meses y dos años para quien lo haga en terreno no urbanizable.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 8 de diciembre de 2007