Magna tarea

La de hoy será la última celebración de un aniversario de la Constitución durante esta legislatura, marcada por una revisión de los Estatutos de Autonomía que ha aumentado la cota de autogobierno. Como en años precedentes, las principales fuerzas nacionalistas, con la única excepción de CiU, no asistirán a los actos previstos en el Congreso. Si en ocasiones anteriores su ausencia resultaba difícilmente comprensible, en ésta es, si cabe, más inexplicable, puesto que se han comprometido con la estabilidad parlamentaria del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero y han tenido una influencia decisiva en las reformas estatutarias.

La Constitución de 1978 ha vuelto a aparecer en el discurso de los principales partidos, con la vista puesta en las elecciones de marzo. Los socialistas llegaron al Gobierno con una propuesta para reformar varios puntos del texto constitucional, entre ellos el orden sucesorio en la jefatura del Estado, y han debido abandonar su pretensión ante la imposibilidad de lograr un acuerdo con el PP. Ahora es éste el que se propone incluir en su programa una reforma destinada a blindar las competencias del Estado central.

El PP parece olvidar lo mismo que el PSOE ignoró en su día: la mejor manera de frustrar cualquier reforma de la Constitución es incluirla en un programa electoral, convirtiéndola en bandera de un solo partido. En este caso, además, los populares sugieren extender a la Carta Magna, aunque invirtiéndola, la discutible técnica seguida en la reforma de los Estatutos para asegurar el control autonómico de determinadas competencias. Sólo forzando los argumentos se puede sostener que la Constitución es ambigua en la distribución de funciones entre el poder central y el autonómico. No es un vacío legal lo que ha facilitado la reserva de competencias en los Estatutos, sino el grave deterioro del Tribunal Constitucional, que no ha podido decidir aún sobre la constitucionalidad de esta práctica.

La reforma que propone el PP supone ahondar en el equívoco de que la Constitución ampara al poder central y los Estatutos al autonómico. Sin embargo, uno y otro están obligados por el mismo orden jurídico, según los principios de jerarquía y competencia. Un orden que, a partir de hoy, se aproxima a su tercera década de vigencia.