200 penalistas exigen demoliciones y penas más duras contra la corrupción

El Estado, las autonomías, los ayuntamientos y los jueces son ineficaces para combatir el creciente fenómeno de la corrupción urbanística. Con esa tesis, el Grupo de Estudios de Política Criminal, formado por 200 fiscales, jueces y catedráticos de Derecho Penal de tendencia progresista, ha elaborado un manifiesto en el que proponen que las Administraciones actúen con mano dura. Ese foro propone medidas ejemplarizantes como la demolición de edificios ilegales y el endurecimiento de las penas para los delitos relacionados con el fenómeno. Al Gobierno le pide que "no vacile" a la hora de disolver ayuntamientos manifiestamente implicados.

El documento recorre las distintas instituciones competentes para atajar el fenómeno proponiendo a cada una serie de medidas. Además de la disolución de ayuntamientos corruptos, al Estado le sugiere que refuerce la independencia y autoridad de los órganos técnicos de los ayuntamientos (secretarios, interventores y tesoreros) cuyas facultades se han recortado, así como un mayor control de los notarios y registradores de la propiedad, que a veces, según el documento, actúan con "connivencia, complacencia, negligencia u omisión" en estos casos.

Las autonomías, según el manifiesto, deben acotar las competencias urbanísticas de los ayuntamientos con la aprobación de planes que engloben a varios municipios, estableciendo "límites más estrictos sobre reclasificaciones y recalificaciones de suelo" y obligando a que los planes municipales se basen en "necesidades reales, y no especulativas" de crecimiento de la población. Las comunidades deben controlar especialmente los convenios entre municipios y particulares que, en muchos casos, condicionan construcciones a la recalificación de suelo.

El informe señala como principales responsables del fenómeno a los ayuntamientos. Considera "mera arbitrariedad" su resistencia a los controles de otras Administraciones amparándose en la autonomía local y les pide que ejerzan "sus competencias disciplinarias", en muchos casos abandonadas por impopulares o por el miedo al castigo electoral.

Los jueces de lo Contencioso-Administrativo tienen que dar preferencia a los casos más trascendentes con el fin de restaurar "la situación original dañada" aunque para ello sea necesario llegar a la demolición, que debe ser obligatoria en caso de que se haya cometido un delito. El manifiesto propone que el Código Penal considere prevaricación el informe o voto favorable de cargos públicos a planes manifiestamente ilegales, así como la elevación de las penas de prisión en los delitos contra la ordenación del territorio.

Para prevenir el blanqueo de dinero, muy ligado al urbanismo, defienden que los políticos y funcionarios también estén obligados por ley a informar de operaciones sospechosas.