Los juzgados deberán usar todos sus medios antes de utilizar a los Mossos como carteros

Los Mossos d'Esquadra no sólo velan por la seguridad de los ciudadanos. También deben hacer funciones más propias de un cartero por orden de los juzgados. Aunque les moleste: la ley les obliga a ello. Pero sólo en algunos supuestos: cuando hay que citar a alguien para que comparezca de inmediato, cuando resulta imposible localizar a un individuo, o en las llamadas "citaciones conflictivas", por ejemplo, ante una persona violenta. En otros casos, los funcionarios judiciales deberían solventar la papeleta con los medios a su alcance. Deberían. Porque en la práctica no lo hacen y piden el auxilio de las fuerzas del orden con demasiada alegría.

Justicia cree que los Mossos han de "integrar" el servicio de correo judicial

La secretaria de Gobierno del TSJC denuncia la "mala praxis" judicial

La carga de trabajo que soportan los agentes de policía en tareas que, en principio, no les competen, no es un problema nuevo. Ya en 1894, la Guardia Civil expresaba por escrito su malestar y pedía que se limitara "a los casos absolutamente necesarios" su utilización como correo judicial. Su objetivo era no verse privados "de un tiempo precioso que el benemérito cuerpo necesita para llevar a cabo su misión social, protectora y benéfica", según el pomposo y retorcido lenguaje decimonónico.

El resto de cuerpos de seguridad han sufrido la misma condena. Los Mossos ejecutaron en 2006 alrededor de 55.000 requerimientos judiciales. Se desconoce cuántos de éstos fueron obligatorios y cuántos podrían haberse ahorrado. Y eso, sólo en la ciudad de Barcelona. Un volumen de trabajo extraordinario que supone miles de horas y que trastoca la planificación diaria, sostienen los mandos policiales.

En 2005, la policía autonómica expuso formalmente sus quejas durante una reunión y exigió que se tomaran medidas. La secretaria de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Maria Antònia Amigó, ha reaccionado ahora, dos años después de aquella petición. Amigó ultima un protocolo para corregir lo que considera "mala praxis" de numerosos secretarios judiciales. La secretaria de Gobierno, nombrada por el Departamento de Justicia, es quien posee las competencias para dar instrucciones a los funcionarios.

La citada mala práctica se resume en que los secretarios judiciales acuden directamente a los Mossos antes de agotar los medios de los que disponen. Un ejemplo: para consultar el domicilio de un individuo, los funcionarios pueden conectarse a las bases de datos de Hacienda y de la Seguridad Social. El objetivo del protocolo es que, en los casos en que el concurso de la policía no sea obligatorio por ley, se recurra a sus servicios "sólo en casos excepcionales y como última opción", detalla Amigó. La secretaria asegura que el informe se presentará en un breve plazo de tiempo y resalta que será "de obligado cumplimiento".

La culpa de este mal endémico, ¿es exclusiva de los funcionarios judiciales? Amigó opina que no y atribuye parte del problema a la "falta de recursos" designados por la Generalitat. "Debemos ver hasta qué punto los cuerpos de auxilio judicial, encargados de hacer las notificaciones, son suficientes. Y comprobar la disponibilidad de medios de transporte". Coincide con ella, en este aspecto, la juez decana de Barcelona, Maria Sanahuja. En su opinión, hay falta de medios materiales y personales, insuficiencia de plantilla y ausencia de servicio de taxi y transporte público para practicar determinadas citaciones.

Frente a esas consideraciones, la secretaria de Relaciones con la Administración de Justicia del Departamento de Justicia, Àngels Vivas, sostiene que la responsabilidad es exclusiva de la judicatura. "Es algo que ha de resolver la Sala de Gobierno", dice. También rechaza, de forma tajante, que falten medios de transporte o recursos informáticos, pese a las deficiencias reveladas por la juez decana. Vivas recuerda que la Generalitat prevé destinar 37 millones para infraestructuras tecnológicas de la futura Ciudad de la Justicia.

La secretaria de Justicia considera que ejercer de carteros ocasionales no tiene por qué trastocar la organización de los Mossos. "Han de saber integrar ese servicio esporádico dentro de su programación. Y si están realizando, por ejemplo, una vigilancia, también pueden hacer de paso la tarea que les ha pedido el juzgado", argumenta. Vivas no cree que vaya en contra de la calidad del servicio que prestan los Mossos, a pesar de las reiteradas protestas policiales en ese sentido.

Hay otras razones de fondo que también explican la carga de trabajo de los Mossos, que en lo de va de año ya han atendido más de 40.000 requerimientos (la mayoría, por orden de juzgados de instrucción y penales). Una de ellas fue la puesta en marcha de los juicios rápidos en 1992, que obligó a recurrir con más asiduidad a las fuerzas de seguridad. O la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2003, que aumentó los supuestos en los que se hace necesaria la mediación policial.