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El Ayuntamiento de Marbella acumula 1.400 causas judiciales

El consistorio destinará cerca de 400.000 euros para sus servicios jurídicos

Es raro el día en que los funcionarios del Ayuntamiento de Marbella no acuden a un juzgado para prestar testimonio en alguna causa judicial encaminada a reclamar dinero o bienes municipales escamoteados por el descontrol de la época del Grupo Independiente Liberal (GIL). El consistorio marbellí está inmerso en cerca de 1.400 procedimientos judiciales entre contenciosos civiles (300), administrativos (800) y penales (300).

El futuro plan de ordenación urbana aumentará la litigiosidad

Esta cifra, calculada a la baja por el equipo de gobierno local, está condenada a incrementarse, principalmente por dos factores. El primero son las llamadas piezas separadas, es decir los procedimientos nuevos que se derivan de testimonios prestados en causas anteriores. La segunda fuente de litigios será, previsiblemente, el Plan General de Ordenación Urbana, que en su fase previa ha acumulado más de 9.000 alegaciones de orden administrativo.

A comienzos de año, el Consistorio sacará a concurso sus servicios jurídicos con un presupuesto que rondará los 400.000 euros. "Marbella no tiene un Consistorio al uso, con una litigiosidad baja, estamos garantizando un volumen de trabajo muy importante", explica el portavoz del equipo de gobierno Félix Romero (PP). En otros ayuntamientos de la Costa del Sol en los que se registra una actividad judicial media alta, como el caso de Estepona, se acumulan alrededor de 700 procedimientos. Otros, más tranquilos, como Benalmádena, suman un centenar de causas.

Ayer por la mañana varios funcionarios de Marbella prestaron testimonio en los juzgados de Marbella por dos procedimientos derivados de los alcances contables del Tribunal de Cuentas. En el juzgado de instrucción número 4 se dirimía la aceptación por parte del Consistorio de 3,6 millones en facturas de la empresa Fergocom, propiedad de la familia del abogado José María del Nido, ex asesor jurídico del Consistorio marbellí. En el juzgado número 1, se investigaba la enajenación de tres parcelas municipales en favor de la empresa Benamaina, cuyo administrador, Javier Arteche, se considera socio de Juan Antonio Roca, principal imputado en el caso Malaya. Tanto Roca como Julián Muñoz, alcalde accidental de Marbella cuando se produjo la adjudicación, están imputados en el procedimiento.

"El Ayuntamiento lo que quiere es recuperar su dinero", mantiene Romero. "En el caso de Fergocom se aceptaron facturas sobre las que no ha sido posible obtener ninguna información y con las parcelas de Benamaina el perjuicio del Ayuntamiento es de casi un millón de euros", añade.

La constante atención a estas causas, en las que se trata de enmendar los descuidos de anteriores corporaciones y recuperar fondos, mantiene ocupados a los nueve integrantes de su gabinete jurídico. Ellos siguen cada uno de los casos, vigilan que no se pasen los plazos y tratan de forma diaria con los dos despachos de abogados que trabajan de forma externa para el Consistorio.

La magnitud de las causas es casi inabarcable. Entre las más recientes está la apertura de 200 expedientes de recuperación de oficio de propiedades municipales no registradas o en manos de particulares sin contrato de cesión alguno. La mayoría son naves industriales, aunque también hay parcelas, viviendas o edificios no registrados. El usuario de una de ellas ha reaccionado interponiendo una querella contra la alcaldesa Ángeles Muñoz y Romero por tratar de desalojarle de una finca que le adjudicó Jesús Gil de forma irregular en 1994.

"El devenir de los procedimientos genera otros nuevos. Conforme se vaya sabiendo la verdad, tendremos más procedimientos por delante", vaticina Romero. "Todos los municipios tienen un aumento de litigiosidad porque siempre hay personas insatisfechas, pero en Marbella posiblemente esa dificultad sea un poco más elevada".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 5 de diciembre de 2007