Cuidad a los cuidadores

"Cuidadnos, porque cuidamos de ellos". Así rezaba una de las numerosas pancartas desplegadas ayer frente a la Consejería de Bienestar Social del Gobierno regional madrileño, en la calle de Alcalá. Hasta allí se había desplazado un millar de trabajadores de centros asistenciales concertados de la Comunidad de Madrid, colectivo que cuida de 15.000 personas con discapacidades físicas o psíquicas en toda la región.

Convocados por Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, sus reivindicaciones exigían del Gobierno de la Comunidad de Madrid la mejora de la atención asistencial que prestan a las personas con discapacidad mediante subidas salariales "que corrijan los desniveles, de entre el 30% y el 50%, que percibimos respecto de los de centros públicos", explica Lola Barral, portavoz de Comisiones Obreras.

"El Gobierno regional fija en pliegos de condiciones el precio de la plaza de cada usuario y determina el tipo de asistencia que ha de recibir, las ratios; luego, el centro concertado, que es privado, negocia los convenios con los trabajadores", añade Barral. "Lo que pedimos es que la Consejería revise esas ratios, que aumente las dotaciones dedicadas a la asistencia en centros concertados, más de 400, para que se refleje en los salarios, en la jornada, en las vacaciones de un sector como el nuestro, tan desconocido, que se resiente mucho en su salud laboral al sufrir numerosas bajas por estrés, lesiones músculo-esqueléticas y otras muy específicas del tipo de trabajo que desarrollamos", explica. Por tales tareas, de singular delicadeza, "no se percibe plus de desempeño alguno", señala Ana Zurdo, de UGT.

Las demandas laborales incluyen un convenio de rango autonómico, ya que, hasta ahora, se tramitaba a escala nacional; además, una mesa tripartita Gobierno-patronal-sindicatos. Sólo así creen poder asegurar establemente un servicio de calidad a las personas con discapacidad.

Por su parte, Carmen Pérez Anchuelo, directora general de Asistencia Social de la Consejería de Bienestar, señala: "Los salarios se fijan por convenio nacional", aunque admite que algunas retribuciones "no han sido revisadas desde hace cinco años". Pérez Anchuelo destaca que "el presupuesto en los últimos años ha aumentado un 30%, hasta 153 millones de euros".

María, de 23 años, trabaja en un centro de día del área de Legazpi: "Asisto a diario a una quincena de discapacitados y cobro 731 euros netos al mes. Acabo la semana totalmente rendida". ¿Cuánto se cobra por igual cometido en un centro público? "1.200 euros", añade.